Una comisión de Guatemala eligió el lunes a seis candidatos para una nómina de la cual el presidente Jimmy Morales deberá elegir al próximo Fiscal General.

Entre los postulantes hay jueces, exjueces, exfiscales y abogados. Uno de ellos es el juez Miguel Ángel Gálvez, quién se ha convertido en un ícono de la lucha contra la corrupción porque envió a juicio una estructura criminal presuntamente liderada por el expresidente Otto Pérez Molina. La red denominada La Línea fue señalada por haber defraudado al Estado en varios millones de dólares y tras haber sido descubierta hace tres años provocó el arresto de mayoría del gabinete del exmandatario y a su entonces vicepresidenta, Roxana Baldetti.

Pérez Molina, Baldetti y varios de sus exministros han negado los cargos, pero siguen presos esperando juicio.

La lista que arrojará al reemplazo de la fiscal actual, Thelma Aldana, también incluye a la exjueza Patricia Gámez, el fiscal Estuardo Melchor, la exfiscal Brenda Dery Muñoz, la magistrada Consuelo Porras y la abogada Verónica Ponce.

La Comisión revisó 39 expedientes de personas que se postularon para la integración del listado en los cuales verificaron capacidades profesionales, experiencia, proyección social y honorabilidad de los mismos. Según la ley guatemalteca, la comisión debe elegir seis candidatos y entregarle la selección al presidente para que él tome la decisión final.

No obstante, no todos están conformes con la integración de la selección. La activista de derechos humanos, Iduvina Hernández, dijo que las organizaciones de DDHH están preocupadas por la designación de dos personas del listado que consideran no idóneas: las postulantes Muñoz y Porras.

“Es preocupante la integración con María Consuelo Porras y Brenda Dery Muñoz, quienes tienes antecedentes de violaciones a DDHH y vínculos con militares y que al elegirlas el mismo Morales pueda encontrar una tabla de salvación que garantice impunidad para él y su familia”, dijo Hernández y agregó que evalúan las acciones que podrían tomar.

Morales, su hijo y su hermano han sido acusados por la fiscalía de diferentes casos de corrupción.

Al presidente se le ha señalado por financiamiento electoral ilícito y la fiscalía pidió que se le retirara la inmunidad, pero fue protegido por el Congreso, que negó la solicitud. Por su parte, su hijo Manuel Morales y su hermano Samuel Morales, están siendo procesados por un caso de falsificación de documentos.

Álvaro Montenegro, de la organización Justicia Ya, que fiscalizó la elección, dijo que muchos de los candidatos cuestionados quedaron fuera pero que aún hay postulantes “grises” de los que no se conocen detalles, por ejemplo, cuál es su postura ante la lucha contra la corrupción.

“Consideramos que también hay candidatos sobresalientes y exigimos que para que el proceso sea transparente el presidente los enteviste públicamente”, dijo.