Modificación a ley de aborto provoca molestia en Chile

Decenas de mujeres jóvenes protestaron el miércoles en Chile contra una modificación a una ley que permitirá que hospitales y clínicas que reciben aportes estatales por prestaciones ginecológicas y...

Decenas de mujeres jóvenes protestaron el miércoles en Chile contra una modificación a una ley que permitirá que hospitales y clínicas que reciben aportes estatales por prestaciones ginecológicas y obstétricas aleguen objeción de conciencia para no realizar abortos.

Las chilenas portaban carteles en los que se leía “Aborto legal para todas” y “Niña embarazada, niña violada”, mientras al unísono gritaban “¡Saquen los rosarios de nuestros ovarios, por un aborto libre, gratuito, igualitario!”.

La despenalización del aborto en caso de violación, inviabilidad del feto y peligro de la vida de la madre fue una de las leyes valóricas que recibió mayor impulso del gobierno de la expresidenta Michelle Bachelet y fue aprobada en agosto de 2017. Sin embargo, a sólo 12 días de haber llegado al poder, el gobierno centroderechista del presidente Sebastián Piñera desmanteló una de las exigencias de la norma: ésta prohibía que los establecimientos privados que reciben aportes estatales por atender a pacientes obstétricos y ginecológicos alegaran objeción de conciencia institucional para evitar realizar abortos.

Según el ministro de Salud, Emilio Santelices, el cambio de protocolo fue realizado porque anualmente unas 700 mujeres son trasladadas en estado crítico desde los hospitales públicos a clínicas y hospitales privados para atenciones ginecológicas u obstétricas. Los abortos son sólo un porcentaje de ellas.

Poco más del 80% de la población chilena que no tiene recursos para atenderse en la salud privada se atiende en centros públicos que presentan carencias especialmente relacionadas con falta de especialistas y de cupos. Se ha constatado que miles de personas están incluidas en listas a la espera de ser atendidas.

Una declaración pública del Departamento de Derechos Humanos del Colegio Médico del Gran Santiago enfatizó que “el nuevo ministro debe entender que las políticas públicas en salud no pueden hacerse como traje a la medida de las clínicas privadas o credos religiosos”.

Hasta ahora por lo menos cuatro hospitales privados han expresado públicamente su objeción de conciencia institucional. La declaración añade que el cambio de protocolo permite que muchos más establecimientos hagan lo mismo, con lo que no atenderán a numerosas pacientes y se “transgrede bases fundamentales de los derechos sexuales y reproductivos y derechos humanos en acuerdos suscritos por Chile, violentando a las mujeres”.

El presidente de la comisión de Salud de la Cámara de Diputados, el socialista Juan Luis Castro, anunció que presentará una ley interpretativa para revertir el cambio al protocolo de objeción de conciencia.

En el Senado, el legislador de oposición Pedro Araya indicó que también estudia cómo anular la medida, mientras cuatro diputados presentaron en la Contraloría una solicitud para que ese ente deje sin efecto el nuevo protocolo.

Mario Desbordes, presidente del centroderechista partido Renovación Nacional, dijo el miércoles sobre las quejas de la hoy oposición de centroizquierda que, “acá hay una campaña del bacheletismo por generar esta semana el clima respecto que el gobierno del Presidente Piñera estuviera interviniendo para quitarle derechos adquiridos a la gente".

La oposición también criticó ácidamente una resolución del Tribunal Constitucional que el martes modificó la ley de educación superior y permitió que de ahora en adelante grupos y personas con fines de lucro puedan integrar y ser controladores de planteles superiores de educación.

Además, la presidenta de la conservadora Unión Demócrata Independiente, Jacqueline van Rysselbergher, ya amenazó que si el proyecto de Identidad de Género discutido aún en el Congreso permite a los adolescentes y menores transgénero cambiar su nombre y género en su partida de nacimiento, acudirá al Tribunal Constitucional para que revierta ésa posible parte de la ley.

La oposición afirma que el Tribunal Constitucional actúa en la práctica como una tercera cámara porque puede modificar leyes ya aprobadas por la Cámara de Diputados y por el Senado, aunque ellos y el oficialismo apelan a esta corte cuando no están de acuerdo con una ley.