Un juez argentino acusó a un excolaborador del fiscal Alberto Nisman de participar de un plan criminal para asesinar en enero de 2015 al funcionario judicial que había denunciado a la entonces presidenta Cristina Fernández de encubrir a los iraníes acusados de un ataque terrorista en 1994.

El juez federal Julián Ercolini procesó el lunes a Diego Lagomarsino, un técnico informático que trabajó ocho años para Nisman, como presunto partícipe necesario del asesinato del fiscal, agravado por uso de arma de fuego.

Lagomarsino fue quien le dio a Nisman una pistola calibre 22 de su propiedad con la que se efectuó el disparo que lo mató. Antes de su procesamiento, el técnico informático manifestó en declaraciones periodísticas que el fiscal le había pedido prestada el arma porque temía por su vida y la de sus hijas.

Nisman, a cargo de investigar el atentado terrorista de 1994 contra un centro judío en Buenos Aires, fue hallado muerto el 18 de enero de 2015 en su baño, cuatro días después de denunciar a la presidenta Fernández de encubrir a los iraníes acusados del ataque que dejó 85 muertos.

Durante casi tres años la justicia investigó el caso como muerte dudosa hasta que un reciente peritaje de la Gendarmería _la policía de fronteras_ determinó que Nisman fue asesinado por dos personas que lo golpearon y drogaron para situarlo posteriormente frente a la bañera y luego descerrajarle un tiro en la sien derecha.

“Lagomarsino le habría aportado el arma en cuestión a quienes ejecutaron de mano propia la muerte de Nisman”, sostuvo el juez en un dictamen publicado en el centro de información judicial.

Para el magistrado, que el arma en cuestión estuviera registrada a nombre de Lagomarsino, una persona estrechamente relacionada a la víctima, “se vincula directamente con la intención del o de los autores materiales de disimular la muerte violenta de Nisman en un suicidio”.

Agregó que “la estrecha relación que unía a Lagomarsino con Nisman le permitió conocer y aportar datos esenciales que aseguraron la forma en la que se llevó a cabo el homicidio”.

Nisman denunció que un acuerdo firmado en 2013 por el gobierno de Fernández e Irán con el alegado propósito de avanzar en la investigación del atentado de 1994 era en realidad una pantalla para garantizar la impunidad de los exfuncionarios y exdiplomáticos iraníes acusados. Fernández, actual senadora, considera a la acusación un disparate jurídico.

A principios de diciembre, un juez federal procesó a Fernández y a otros exfuncionarios y allegados por el delito de traición a la patria, el delito más severamente castigado por la ley argentina.

Lagomarsino no irá a prisión, pero tiene prohibido salir del país y de alejarse de su domicilio durante 24 horas sin aviso. Además, continuará utilizando un dispositivo de monitoreo GPS (tobillera) que se le colocó a principios de noviembre.

En tanto, el juez Ercolini también procesó a cuatro excustodios de Nisman por incumplimiento de deberes de funcionarios públicos por considerar que no lo protegieron debidamente.