Cuando Adele McLean se sumó a otros en un parque en Atlanta para alimentar a desamparados el domingo antes del Día de Acción de Gracias, dejó el sitio con una multa y un citatorio para comparecer en la corte.

El caso en su contra fue retirado cuando se presentó en la corte este mes, pero McLean y sus abogados dicen que el citatorio por servir comida sin permiso fue inapropiado y demuestra insensibilidad hacia los desamparados. El ayuntamiento y algunos activistas dicen que alimentar a personas en las calles puede obstaculizar las soluciones a largo plazo y crea preocupaciones de salubridad.

"Sigo indignada por lo que sucedió”, dijo McLean tras su comparecencia del 14 de diciembre. "Me preocupa que la ciudad, cada vez que quiere combatir a los desamparados, toma medidas contra cualquiera que trata de ayudarlos”.

Hasta noviembre de 2014, unas 40 ciudades en todo Estados Unidos tenían leyes vigentes que restringían la repartición de comida, y otras decenas habían intentado restricciones similares, de acuerdo con la Coalición Nacional por los Desamparados. La directora interina Megan Hustings dijo que no tiene las cifras actualizadas, pero que ha escuchado sobre otras municipalidades que ponderan regulaciones similares.

MacLean, voluntaria con un movimiento llamado Food Not Bombs (Comida, no Bombas), recibió la citación el 19 de noviembre por la policía de la Universidad Estatal de Georgia luego que su grupo se negara a dejar de alimentar a los desamparados en un parque en el centro de la ciudad. Sus abogados dijeron que funcionarios de la ciudad han estado distribuyendo un “volante engañoso” que lleva el sello municipal y dice que se requiere de un permiso para alimentar a personas en lugares públicos.

Eso simplemente no es cierto, dijo Gerry Weber, abogado del Southern Center for Human Rights, que representa a McLean. Los permisos son requeridos solamente para restaurantes, camiones de comida y vendedores de alimentos en festivales, no para personas que reparten alimentos gratis, dijo.

Aunque la causa contra MacLean fue retirada, eso no significa que la policía va a dejar de decirle a la gente que no puede alimentar a los desamparados y no elimina la posibilidad de citaciones futuras, dice Weber. El centro está presionando para que el ayuntamiento emita una declaración clara de que la gente tiene derecho a alimentar a los desamparados en lugares públicos, agregó.

Los conflictos entre las autoridades municipales y los activistas que alimentan a los desamparados no son exclusivos de Atlanta.

En Fort Lauderdale, Florida, otro grupo de Food Not Bombs impugnó ante una corte federal un requerimiento de permisos para alimentar a desamparados en parques. La Corte Federal de Apelaciones del 11no Circuito escuchó los argumentos en el caso en agosto, pero no ha emitido un fallo.

George Chidi, director de impacto social para Central Atlanta Progress, una organización de desarrollo comunitario sin fines de lucro que opera en el centro de la ciudad, dice que muchas personas desamparadas lidian con problemas de salud mental y adicciones, lo que les hace desconfiar de las ofertas de ayuda. La ciudad cuenta con equipos cuya misión es entrar en contacto, desarrollar relaciones de confianza y eventualmente conectar a los desamparados con servicios de alojamiento y tratamiento. Chidi dice que las gestiones de alimentación púbica pueden obstaculizar esos esfuerzos.