En una pequeña oficina de la capital colombiana, con una ventanita que da a un estrecho pozo de ventilación, Pedro Lupera estudia copias de contratos, facturas e instrucciones para transferencias bancarias, todo parte de miles de páginas de documentos sacados a escondidas de Venezuela que espera provoquen la caída del presidente socialista Nicolás Maduro.

Otrora uno de los principales fiscales de Venezuela abocados a casos de corrupción, Lupera se fue de su casa en Caracas hace cinco meses con 400 dólares en los bolsillos y apenas una muda de ropa.

Terminó en la vecina Colombia, donde es uno de una media docena de fiscales exiliados y antiguos colaboradores de la destituida fiscal general Luisa Ortega que están trabajando con las autoridades de Estados Unidos y de otras naciones para tratar de reunir evidencia de irregularidades de parte de altos funcionarios venezolanos a los que acusan de destruir el país.

Por ahora no han logrado encausar a nadie, lo que algunos ven como un indicio de que Maduro ha logrado destruir el sistema judicial de Venezuela y de que Ortega, en su afán por labrarse un futuro político, prometió más de lo que puede cumplir.

Para Lupera y varios colegas la cruzada que libran es algo muy personal.

El fiscal, que supo estar a cargo de los casos políticamente más explosivos, descubrió que agentes del servicio de inteligencia le habían suspendido el pasaporte y habían ordenado su arresto cuando se disponía a viajar a Brasil en julio para reunir evidencia relacionada con el caso de corrupción de la constructora Odebrecht. Pudo salir del país usando unas identificaciones que permiten a los venezolanos viajar a Colombia y de allí tomó un vuelo a Brasil.

Dos semanas después observó con horror cómo uno de los principales blancos de sus investigaciones, el líder del Partido Socialista Unido de Venezuela Diosdado Cabello, lo acusaba por televisión de participar en una extorsión de 6.000.000 de dólares.

“Se me calentaron los oídos y se pusieron rojos”, comentó Lupera. “Sentí una impotencia total. Como si mi vida entera hubiese sido destruida”.

Ortega, quien admiraba al finado Hugo Chávez, rompió con el gobierno este año por considerar que se encaminaba a una dictadura después de que Maduro le quitó atribuciones a la Asamblea Nacional, controlada por la oposición, y creó una asamblea constitucional paralela con el poder real.

La funcionaria no ocultó su malestar y fue destituida en agosto. Las autoridades, por otro lado, acusaron a su esposo, el legislador socialista Germán Ferrer, de orquestar con la ayuda de Lupera una campaña de extorsión que ella supervisó, algo que la fiscal niega. Las autoridades venezolanas dicen que las actividades en contra de la corrupción que emprendió Ortega fueron un intento por desviar la atención de las investigaciones en torno a sus acciones y las de su esposo en Venezuela.

Lejos de ser silenciada, Ortega redobló sus críticas al gobierno de Maduro en frecuentes viajes a América Latina y Europa.

Apenas llegaron a Bogotá, Lupera y otros que tratan de derrocar a Maduro se reunieron con investigadores y fiscales estadounidenses que procuran inculpar a los líderes venezolanos, y también con enviados del Departamento del Tesoro estadounidense que manejan el programa de sanciones de Estados Unidos contra Venezuela.

Los estadounidenses no están seguros de cuánta evidencia lograron reunir los fiscales venezolanos. Y albergan dudas acerca de hasta qué punto Ortega está dispuesta a cooperar, diciendo que puede estar más interesada en ser la primera presidenta de Venezuela que en revelar el alcance de una corrupción de la que ella seguramente estaba al tanto en su condición de cabeza del sistema judicial por una década, mientras estaba involucrada en casos sospechosos contra miembros prominentes de la oposición.

Esa sensación hizo que el Departamento de Estado le negase a Ortega permiso para viajar a Estados Unidos, según dos funcionarios estadounidenses que pidieron no ser identificados porque no estaban autorizados a hablar de casos de visas. No ayudó el que en un discurso del 2015 ante la Asamblea Nacional Ortega criticase a lo que describió como los “poderosos del norte” por sus “planes colonialistas” sobre esta nación petrolera.

Ortega insiste en que no tiene nada que ocultar. Y cuenta con algunos sorpresivos defensores, como Eligio Cedeño, ex banquero acosado por Chávez a quien ayudó a encarcelar en el 2007. Cedeño viajó a Bogotá desde Miami para verse con ella tres veces y dijo que está convencido de que puede ser clave en el retorno de Venezuela a la democracia.

“Yo no soy testigo. Soy la fiscal general”, declaró Ortega a la Associated Press en una entrevista en su oficina alquilada en un barrio arbolado de Bogotá. “Los hechos que tengo no los presencié. Los tengo documentados”.

Pocos gobiernos reconocen al sustituto que nombró Maduro en su lugar y Ortega y su gente se manejan con una dignidad que contrasta un poco con su precaria situación. En una reciente visita de la AP a su oficina, firmó una carta en papeles con el sello del fiscal general de Venezuela pidiendo información de Curazao como parte de una investigación de lavado de dinero. También revisó un informe que poco después enviaría a la Corte Penal Internacional aduciendo que Maduro es responsable de crímenes de lesa humanidad perpetrados por las fuerzas de seguridad.

En los meses previos a la huida de Ortega, dicen sus colaboradores, secretamente digitalizaron y certificaron grandes cantidades de pruebas, incluidas casi 150.000 páginas relacionadas tan solo con el caso de Odebrecht. Consiguieron sacar la información y hacerla llegar a Colombia antes de irse ellos.

Incluso si la evidencia no puede ser usada en tribunales venezolanos, podría ayudar a las autoridades extranjeras que investigan la corrupción y abusos de los derechos humanos, delitos transnacionales que son el principal objetivo de lo que Ortega describe como la primera fiscalía general del mundo que funciona en el exilio.

“No vamos a desmayar frente a lo que hemos iniciado”, dijo Zair Mundaray, ex número tres de la fiscalía general y hoy coordinadora del equipo de Ortega. “En Venezuela no existe la posibilidad del ejercicio correcto de la justicia. Pero como investigadores tenemos la evidencia, la prueba y la pericia para llevar esto a las instancias necesarias”.

Antes de irse de Venezuela, la mayoría de los fiscales tuvieron que pasar semanas escondidos, durmiendo en distintas casas y cambiando de teléfono constantemente para burlar la vigilancia. A varios les habían anulado sus pasaportes. La casa de Mundaray fue allanada.

Cuando Lupera llegó a Colombia, recibió un mensaje de texto amenazante y su principal ayudante fue detenido en conexión con el supuesto plan de extorsión. Lupera, de 43 años, niega las acusaciones y dice que el banco suizo UBS ni siquiera tenía una sucursal en las Bahamas cuando él y el esposo de Ortega habrían abierto cuentas, según las acusaciones del gobierno.

En Bogotá todos están atentos y vigilantes, sobre todo Ortega, quien se moviliza en dos vehículos blindados con media docena de guardaespaldas del gobierno colombiano. Lupera se tiñó hace poco el cabello, después de que le llegó la versión de que agentes del servicio de inteligencia venezolano lo estaban buscando en Bogotá.

“Esto hace que me sienta un poco más tranquilo”, expresó durante una reciente salida en busca de hallacas, un plato típico venezolano de las fiestas.

Otro gran desafío es cómo financiar todo este trabajo.

Varios de los fiscales comparten un pequeño departamento en un barrio humilde de Bogotá. Muchos tienen seres queridos que no pudieron traer. Los domingos van todos juntos a comprar alimentos en un mercado al aire libre para tratar de hacer rendir más los 1.000 dólares mensuales que reciben de venezolanos pudientes en el exilio. Dicen que no saben cuánto tiempo más seguirá llegando ese dinero.

Probablemente nadie haya tenido más contratiempos que Lupera, quien estuvo hospitalizado hace poco por hipertensión y que, sin tener seguro médico, necesita tratarse cinco tumores que le encontraron en la espalda. Dice que cuando más sufre es por las noches, en que lee las noticias de Venezuela y piensa en todo lo que dejó atrás.

Pero asegura que se levanta todas las mañanas decidido a hacer todo lo posible por asegurarse de que el exilio no dura mucho.

“Cada mañana, cada uno de nosotros, con el trabajo que hace... siempre hay una esperanza de que esa gota, ese aporte que uno puede hacer, sirva de algo para poder regresar a Venezuela”, comentó. “Regresar a un nuevo país, en el que podamos vivir como merecemos vivir”.

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Joshua Goodman está en https://twitter.com/APjoshgoodman