Organizaciones sociales y de derechos humanos denunciaron el jueves una “grave escalada represiva” del gobierno del presidente argentino Mauricio Macri contra manifestantes que protestan contra medidas económicas de ajuste.

Adolfo Pérez Esquivel, premio Nobel de la Paz en 1980, repudió en una rueda de prensa la “fuerte represión” de la policía contra militantes políticos y sociales que el lunes se manifestaron en las inmediaciones del Parlamento cuando se debatía un controvertido proyecto de reforma de las jubilaciones y pensiones que finalmente fue convertido en ley.

La norma que supone una reducción de los aumentos que se otorgan periódicamente a los haberes se tradujo en una de las más violentas protestas que se recuerden en años. Los enfrentamientos entre manifestantes y policías causaron heridas a más de 80 policías y a cerca de cien manifestantes, según cifras del gobierno y organismos civiles, respectivamente.

“No se puede sancionar estas leyes a sangre y fuego... esto pone en riesgo la democracia”, dijo Pérez Esquivel, titular del Servicio de Paz y Justicia y ganador del Nobel durante la última dictadura militar argentina (1976-1983).

Macri, un conservador que recibió un fuerte espaldarazo en las elecciones legislativas de octubre, criticó la violencia que acompañó al debate parlamentario la cual, afirmó, fue “orquestada” y será investigada por la justicia. Sin dar nombres, el presidente señaló que diputados opositores incitaron a los desmanes que incluyeron destrozos de veredas, lluvia de piedrazos y bombas de estruendo e incendiarias contra los policías.

“No sólo han destrozado la ciudad sino que han hospitalizado a 80 policías", dijo Macri en referencia a las heridas sufridas por los agentes de policía que fueron reproducidas por medios de prensa.

La policía reprimió a su vez con balas de goma, gases lacrimógenos y tanques hidrantes.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos expresó su preocupación por el uso inadecuado de la fuerza durante las protestas, en la que también resultados periodistas lesionados y detenidos.

“La criminalización de la movilización y la protesta social, sea a través de represión directa a los manifestantes, o a través de la detención arbitraria de manifestantes y proceso criminal, es incompatible con una sociedad democrática donde las personas tienen el derecho de manifestar su opinión pacíficamente”, señaló el organismo en un comunicado.

El Nobel Pérez Esquivel señaló que “nadie quiere violencia, de ningún tipo, pero hay una violencia desmedida de las fuerzas de seguridad” y sostuvo que Macri quiere imponer por “la fuerza” leyes que contemplan recortes.

Instó a que se creen espacios de diálogo y al respecto recriminó al oficialismo que desoyera una propuesta para llamar a una consulta popular sobre la reforma.

“Hay que buscar caminos alternativos porque si no el país va a entrar en una escalada de violencia con un gobierno que no quiere escuchar las demandas populares”, afirmó el activista, quien estaba acompañado por representantes de Encuentro Memoria Verdad y Justicia, que reúne a grupos humanitarios, sociales y políticos, y legisladores izquierdistas.

Nora Cortiñas, titular de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, afirmó en tanto que existe un “estado de inconstitucionalidad” y se “está en peligro de perder una estabilidad democrática que costó mucho”.

El gobierno busca ahorrar unos 60.000 millones de pesos anuales (unos 3.400 millones de dólares) con la ley que cambia la fórmula para actualizar los haberes y que, para sus críticos, supone un ajuste para el bolsillo de los jubilados y pensionados en un país en el que este año la inflación cerrará en al menos 24%, según analistas privados.

El oficialismo argumentó que la ley es necesaria dado el inviable sistema de seguridad social argentino y destacó que garantiza que los haberes actualizados estén siempre por encima de la inflación. Para sacarla adelante con el apoyo de sectores opositores prometió una compensación económica que se dará en marzo.

Varios manifestantes que sufrieron graves daños en sus ojos y en su torso estuvieron presentes en la rueda de prensa, donde se mostraron fotografías de la represión policial.

Los militantes que acompañaban a Pérez Esquivel denunciaron que la escalada represiva de los últimos meses se ha traducido por ejemplo en operativos contra indígenas mapuches que reclaman tierras en la Patagonia, manifestantes críticos a una reciente reunión de la Organización Mundial del Comercio y miles de personas que protestaron cerca del Parlamento el 14 de diciembre, cuando fracasó el primer debate para tratar la reforma jubilatoria.

También denunciaron que hay cerca de 10 personas que siguen detenidas desde el 14 de diciembre y cuestionaron que los manifestantes de distintas protestas hayan comenzado a ser acusados de delitos de mayor gravedad como “intimidación pública, sedición y rebelión”.