La lucha contra la corrupción en Guatemala no es una guerra ganada y 2018 será un año clave no sólo para consolidar las investigaciones judiciales, que llevaron a un expresidente al banquillo, sino para saber si la clase política está comprometida con esa tarea titánica.

Aunque actualmente más de 300 empresarios, exfuncionarios y políticos se encuentran en prisión acusados o investigados por ese delito, Iván Velásquez, el abogado colombiano que lidera la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), cree que “todos los avances que se han hecho hasta el momento todavía no son tan significativos para decir que Guatemala está en el proceso de reconstrucción”, dijo en una entrevista con The Associated Press.

A pesar de que junto con la Fiscalía General la CICIG denunció casos de alto impacto -incluido uno que salpica al actual mandatario Jimmy Morales- aún no ha logrado llevar los más importantes a juicio.

Por otra parte, en 2018 el presidente Morales debe designar un nuevo fiscal general y su elección es trascendental para el funcionamiento de la CICIG, un órgano de las Naciones Unidas que en sus 10 años en Guatemala ha desmantelado más de 20 estructuras vinculadas con la corrupción y el crimen organizado. La Comisión, que investiga los cuerpos clandestinos incrustados en el Estado, necesita de la Fiscalía para actuar penalmente.

“Si desgraciadamente se eligiera un fiscal proclive a la corrupción o por lo menos que no tenga la decisión, la valentía y el arropo que se requiere... para el país sería desastroso”, dijo el comisionado.

Morales deberá elegir al próximo fiscal general de un grupo de seis personas electas por una comisión integrada por diversas instituciones y los decanos de las facultades de Derecho de todas las universidades del país. Pero según la constitución, la elección de Morales no necesita del aval del Congreso.

Mike Allison, profesor de Ciencias Políticas de la Universidad de Scranton, en Pensilvania, coincidió en que un fiscal general independiente es indispensable para el trabajo de la CICIG. “Sin un verdadero socio en la Fiscalía General todo el proceso de reforma se derrumbará”, aseguró a AP.

El próximo año la CICIG y la Fiscalía General deberán avanzar en varios casos de corrupción de alto nivel incluido el denominado “La Línea” por un millonario fraude aduanero que involucra al expresidente Otto Pérez Molina, su ex vicepresidenta Roxana Baldetti y otras 28 personas.

Los guatemaltecos tienen aún fresco el recuerdo de las masivas movilizaciones de 2015 exigiendo el fin de la corrupción que forzaron la renuncia de Pérez Molina y Baldetti. Pero dos años después la clase política no ha adoptado medidas para fortalecer la lucha anticorrupción.

“Aquí parece que las cosas no cambian, que todo sigue igual. No importa qué hagan, todo lo que hacen los políticos es seguir robándonos”, se quejó Keren Fonseca, una manicurista de 25 años.

En noviembre Human Rights Watch (HRW) puso el dedo en la llaga en su informe “Carrera contra el tiempo: cómo el Poder Judicial pone en riesgo la lucha contra la impunidad” en el que detalló la demora de la justicia y los abusos de los recursos legales que presentan los defensores de los acusados de corrupción para dilatar los procesos.

HRW puso como ejemplo el caso de Marlene Blanco Lapola, exdirectora de la Policía Nacional Civil y hermana del jefe de bancada del mayor partido de oposición en el Congreso, acusada en 2012 de ordenar la ejecución de presuntos delincuentes. Cinco años después el juicio en su contra todavía no ha empezado.

En tanto, el Ejecutivo sólo puso en marcha un programa de gobierno abierto con el que busca transparentar el gasto público. Sin embargo, son reiteradas las denuncias de corrupción que tienen, además, un efecto en la salud, la seguridad y la migración.

Uno de los casos que la Fiscalía y la CICIG investigan es el denominado “IGSS-Pisa”. Según la denuncia el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS) habría contratado irregularmente a la empresa farmacéutica Pisa para proveer servicios médicos a pacientes renales. La adjudicación le habría granjeado “comisiones” a altas autoridades del Instituto, pero la empresa no tenía capacidad para atender a los pacientes y habría suministrado medicamentos no aptos, lo que derivó en al menos 45 muertes.

“En Guatemala es difícil ser optimista”, dijo a AP Benjamín Gedan, exdirector para América del Sur del Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca.

En agosto el presidente Morales intentó, sin éxito, expulsar del país a Velásquez dos días después de que la Comisión y la Fiscalía solicitaran que se le retirase la inmunidad para investigarlo por supuesto financiamiento electoral ilícito, una petición que el Congreso rechazó.

Morales, quien asegura que la Comisión se extralimita en sus funciones, es quien deberá elegir al próximo fiscal general.

Velásquez, pese a todo, conserva el optimismo. Este año la CICIG y la Fiscalía presentaron varias investigaciones sobre presunto financiamiento electoral ilícito que involucran a varios partidos políticos y sus líderes, incluido Morales y decenas de diputados. “Empiezan a quedar cosas al descubierto, se desnuda una realidad”, dijo Velásquez.

Esas investigaciones podrían tener efecto en las próximas elecciones presidenciales. “El año 2019 tendrá que ser un año de una gran transparencia en el tema electoral. Ese sería un gran triunfo de la democracia guatemalteca”, dijo Velásquez.

Según una encuesta realizada entre más de 1.500 personas por Barómetro de las Américas y la Universidad de Vanderbilt publicada en agosto, 70% de los encuestados confía en la CICIG y casi 54% en la Fiscalía. Pero más del 33% considera que todos los políticos son corruptos.