En busca de superar el terremoto político que significó el fracasado debate de una controvertida reforma previsional en el Congreso, el gobierno de Mauricio Macri se comprometió el viernes a compensar con un pago extra a los jubilados y pensionados de menores ingresos a cambio de apoyo opositor para sancionar una de las iniciativas con las que pretende reducir el gasto público en 2018.

El oficialismo tenía previsto aprobar la víspera en la Cámara de Diputados una modificación de la fórmula que establece aumentos periódicos a las jubilaciones en un contexto inflacionario. Como éste nuevo cálculo implica una pérdida de ingresos, sindicalistas y militantes de organizaciones sociales y políticas convocaron a una protesta de rechazo, la cual derivó en violentos enfrentamientos con fuerzas de seguridad y obligó a las autoridades parlamentarias a suspender la sesión.

Un día después, el gobierno convocó de urgencia a gobernadores, en su mayoría del opositor partido peronista, a una reunión en busca del respaldo político necesario para aprobar la norma el próximo lunes. A cambio se comprometió compensar “con un beneficio adicional” a jubilados y pensionados con ingresos menores a los 10 mil pesos (560 dólares) en marzo, según un comunicado del bloque de diputados oficialistas.

Esta suma extra implicará la erogación de 4.000 millones de pesos (224 millones de dólares) de las arcas públicas.

En la actualidad las jubilaciones, al igual que los subsidios a familias sin empleo, se ajustan semestralmente tomando en cuenta la evolución de los salarios y la recaudación impositiva. El proyecto contempla que el aumento sea trimestral y se establezca en un 70% por el índice de inflación y el resto por el incremento de los salarios.

El aumento previsto para marzo se calcularía bajo la nueva fórmula, lo cual implicaría un recorte en los haberes respecto del anterior cálculo. Abogados advirtieron que la aplicación retroactiva de este mecanismo es inconstitucional y opositores vaticinaron una catarata de juicios por parte de los jubilados.

La reforma jubilatoria había sido pactada entre el Ejecutivo y los gobernadores provinciales, a quienes les garantizó financiación para sus deficitarias arcas públicas.

El oficialismo es la fuerza mayoritaria en el Parlamento pero no cuenta con quórum propio, lo que lo obliga a negociar con la oposición para sancionar leyes. Si bien el acuerdo con los gobernadores se materializó en la rápida sanción de la iniciativa en el Senado, en la Cámara de Diputados el oficialismo logró dictamen para tratar el tema tras un debate en comisiones que incluyó golpes de puño, gritos y empujones.

Para contrarrestar el efecto impopular de la medida, ha propuesto pagar una suma extra en marzo al 70% del total de jubilados y pensionados y al 100% de las familias sin empleo que reciben un subsidio por cada hijo. En total recibirán la compensación cerca de nueve millones de personas.

“Es un acuerdo que satisface ampliamente los requerimientos que se estaban plantando, con lo cual deja muy buena expectativa para la aprobación de la ley el lunes que viene”, dijo a periodistas el gobernador de la provincia de Entre Ríos, Gustavo Bordet.

El gobernador explicó que el presidente Macri otorgará la compensación a los jubilados a través de un decreto luego de que la reforma jubilatoria sea aprobada en Diputados.

La iniciativa es la primera de las reformas económicas que busca sancionar el gobierno argentino tras el fuerte respaldo que obtuvo en las elecciones de medio término de octubre con el objetivo de reducir el gasto público y generar condiciones más atractivas para la inversión extranjera.