Jueces federales de apelación en Nueva York parecen conformes con permitir que la Corte Suprema defina qué debe revelar el gobierno sobre poner fin a un programa que protege temporalmente de la deportación a jóvenes inmigrantes.

Un panel de tres jueces de la Corte de Apelaciones del 2do Circuito escuchó el jueves argumentos de si el gobierno debe revelar más sobre cómo tomó la decisión de poner fin al programa Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA por sus siglas en inglés), el cual ampara a unas 800.000 personas, incluidas algunas que llegaron al país cuando eran niños pero que no cuentan con permiso de residencia.

Los argumentos están relacionados con dos demandas civiles ante una corte federal de Brooklyn que buscan obligar al gobierno a entregar documentos que puedan explicar la decisión del presidente Donald Trump de poner fin al programa.

El juez Gerard E. Lynch sugirió esperar hasta que la Corte Suprema falle pronto sobre una decisión similar en un proceso que se dirime en San Francisco, e indicó que los hallazgos del máximo tribunal en el caso podrían servir como guía para determinar qué tipo de documentos y otra evidencia podrían los abogados obtener del gobierno.

La semana pasada, la Corte Suprema bloqueó temporalmente la orden de un juez que requería que el gobierno de Trump entregara todos los correos electrónicos, cartas y otros documentos que tomó en cuenta antes de poner fin al programa. Planeaba examinar rápidamente la impugnación del gobierno al fallo.

Hashim M. Mooppan, subsecretario de Justicia, hizo notar que cinco jueces creen que el gobierno prevalecerá a fin de cuentas.

Lynch le preguntó a Mooppan cómo podría una corte cerciorarse de si el gobierno actuó de forma “arbitraria y caprichosa” al cancelar el programa si los jueces no examinaron algunos de los documentos u otras piezas de evidencia que llevaron a tomar la decisión.

Mooppan dijo que era una decisión que las autoridades gubernamentales podían tomar como lo hicieron porque está dentro de sus facultades.

Josh Rosenthal, abogado de planta del National Immigration Law Center, exhortó a los jueces a ratificar el fallo de un juez de Brooklyn que requiere que el gobierno entregue algunos de los documentos.

Lynch cuestionó si los argumentos legales que Rosenthal proporcionó significan que cada vez que el Departamento de Justicia modifique sus políticas, se le puede pedir a un tribunal que decida si ello fue adecuado.

Rosenthal hizo notar que se trató de una decisión de políticas que afectó a un número sustancial de personas.

Tanto Lynch como el juez de circuito Christopher F. Droney cuestionaron los argumentos de por qué no tiene sentido aguardar hasta que la Corte Suprema emita un fallo.

“Cuando lo hagan, estaremos en mucho mejor posición para decidir sobre el caso”, afirmó Lynch.

Los abogados de las personas inscritas en el DACA dijeron que los casos en Nueva York fueron muy distintos al de San Francisco, y que se habían solicitado menos documentos.