Desde que el presidente Donald Trump prometió hace pocos meses sacar a Estados Unidos de un acuerdo internacional contra el cambio climático, los estados de la nación han decidido encarar el problema por su propia cuenta.

Más de una docena de estados han formado una alianza para reducir las emisiones de gases, cumpliendo con los estándares del Acuerdo de París.

Varios gobernadores, entre ellos Jerry Brown de California, fueron esta semana a París para una conferencia en el segundo aniversario de la firma del pacto histórico. En el cónclave se informó de la asistencia financiera que se dará a países pobres para que tomen medidas contra el cambio climático, se exhibió la tecnología de punta para reducir las emisiones de gases y se evaluó la respuesta que las grandes corporaciones le han dado al problema.

Otros, más ambiciosos, están explorando la posibilidad de adherirse al único programa regional en Estados Unidos que obliga a las empresas eléctricas a reducir sus emisiones de gases. El programa, conocido como la Iniciativa Regional para Gases Invernadero, cubre nueve estados en el este de Estados Unidos y con planes de ampliación.

“La clara señal de la administración Trump de que se iba a retraer de las medidas de protección ambiental colocó el asunto en manos de los estados, como diciendo ‘pues ahora este es un problema de ustedes’”, expresó William Shobe, profesor de políticas públicas de la Universidad de Virginia.

Agregó que "varios estados respondieron, ‘muy bien, tenemos la capacidad para lidiar con esto, así que iremos y aplicaremos nuestras políticas por nuestra cuenta’”.

El programa fija límites a las emisiones de gases en las plantas de generación eléctrica y les obliga a comprar cupones equivalentes al valor de esas emisiones. El dinero recaudado en subastas de esos cupones va de vuelta a las arcas de los estados.

El único otro programa de su tipo está en California y abarca la totalidad de la economía de ese estado. En el 2014 se asoció con un programa similar en Quebec y el año entrante se extenderá a Ontario.

Desde que empezó a implementarse en el 2008, el programa ha llevado a una reducción de 30% en las emisiones de dióxido de carbono en los estados que van de Maine a Maryland. Eso es 16% más que el resto de los estados que no participan del programa.

La iniciativa, además, ha enviado de vuelta a las arcas de los estados un total de 2.800 millones de dólares, y ese dinero ha ido a financiar diversos programas de protección ambiental, incluyendo unos en una escuela y en una biblioteca en Massachusetts, uno para el uso de energía solar en Nueva York y uno para reducir las emisiones de gas en una fábrica cervecera en Nueva Hampshire.