Un juez reabrió la investigación de una masacre en 1982 en El Salvador y en la cual murieron más de 200 campesinos durante un operativo antiguerrillero encabezado por fuerzas de élite del ejército.

En cumplimiento de una sentencia de la Corte Suprema de Justicia, un juzgado del departamento de San Vicente, al este de la capital, informó el jueves que ordenó abrir el caso conocido como la masacre de El Calabozo para que se investigue a los responsables de diversos delitos, incluidos asesinato, actos de terrorismo, daños agravados, robo y privación de libertad.

Los familiares de las víctimas presentaron hace 11 años una acusación formal contra miembros de la fuerza armada salvadoreña, pero la acusación no prosperó por la negativa del tribunal y el juicio fue archivado. En 2016, sin embargo, la Corte Suprema permitió reabrir el caso luego de que se declaró inconstitucional una ley de amnistía que protegía a los presuntos responsables de crímenes cometidos durante la guerra civil.

La matanza ocurrió el 22 de agosto de 1982, en El Calabozo, un paraje rural del municipio de San Estaban Catarina, a 58 kilómetros al este de la capital, durante una operación encabezado por el batallón Atlacatl, entrenado en tácticas de contrainsurgencia.

La fuerza armada desarrollaba un extenso operativo en la zona en la que participaron unidades de infantería, artillería y fuerza aérea.

Los soldados que llegaron a esta zona buscaban unidades guerrilleras y capturaron a más de 200 campesinos, hombres, mujeres y niños, que después asesinaron, según documentó una Comisión de la Verdad de las Naciones Unidas.

De acuerdo con la investigación de esa comisión, las víctimas habían llegado al lugar desde diversas procedencias. Todos huían de un operativo militar antiguerrillero que había iniciado tres días antes en lugares aledaños.

En sus conclusiones, la Comisión de Naciones Unidas afirma que existen pruebas suficientes que “efectivos del Batallón Atlacatl dieron muerte deliberadamente a más de doscientos civiles, hombres, mujeres y niños, que habían apresados sin resistencia”.

Sin embargo, a pesar del informe de la Comisión, las autoridades negaron los hechos. "Aunque expresaron haber hecho una investigación, no existe rastro alguno de su existencia", detalló en su momento aquella institución.

La Comisión de la Verdad de Naciones Unidas que documentó los crímenes cometidos durante el conflicto armado que duró 12 años y que dejó más de 76.000 muertos, unos 12.000 desaparecidos y miles de desplazados.