La presidenta Michelle Bachelet disfrutaba de unas vacaciones en una idílica isla del sur chileno en 2015 cuando un escándalo político cimbró su popularidad como un terremoto cuyas réplicas parecieran perseguirla hasta hoy.

La mandataria tenía por costumbre aislarse del mundo en una sencilla casa de madera que levantó lejos de la ribera del lago Caburgua, una zona a la que sólo se puede accederse por mar o aire, 785 kilómetros al sur de Santiago.

El expresidente derechista Sebastián Piñera (2010-2014) —quien probablemente la sucederá tras la segunda vuelta electoral del domingo 17 de diciembre— tiene una residencia de verano y tres cabañas en la misma isla.

Bachelet pensaba que serían unas vacaciones relajadas, pero el semanario Qué Pasa reveló que su nuera, Natalia Compagnon, y su hijo mayor, Sebastián Dávalos, se reunieron en 2013 con uno de los hombres más poderosos del país, Andrónico Luksic, y le pidieron prestados diez millones de dólares para un negocio inmobiliario. La cita se concretó cuando Bachelet estaba en plena campaña electoral.

Compagnon, dueña del 50% de la empresa CAVAL, recibió el crédito un día después que su suegra ganara la segunda vuelta presidencial para el periodo 2014-2018. Al regresar a Santiago, Bachelet aseguró que se enteró sólo por la prensa, y así inició una estrepitosa caída de su popularidad, que llegó hasta 19% y nunca se recuperó del todo.

Según la misma Bachelet, quien gobernó Chile por primera vez entre 2006 y 2010, ese fue el peor de los años que vivió en sus dos mandatos.

Para Marta Lagos, directora de la organización Latinobarómetro, con el llamado caso CAVAL “empezaron los casos de corrupción y el gobierno se vino abajo”.

La manera en que Bachelet reaccionó, dijo Lagos a The Associated Press, “fue un error político de magnitud”, y las cifras coinciden: al concluir su primer mandato, su popularidad alcanzaba más de 80%. Ahora, sin embargo, ronda el 23%, según el Centro de Estudios Públicos.

A los pocos meses del escándalo, la corrupción en la política de Chile alcanzó también al oficialismo, cuando se supo que Julio Ponce Lerou —antiguo yerno del dictador Augusto Pinochet— repartió dinero indiscriminadamente entre los parlamentarios del gobierno y la oposición.

Bachelet reaccionó a esa nueva hecatombe creando una comisión que derivó en varias leyes para frenar la corrupción en la política, una de las cuales se concretó este año, cuando los empresarios vieron limitados sus aportes a la política para la propaganda electoral. A la par, siguió empujando sus reformas, algunas percibidas por algunos analistas como “avances históricos”, dado que Chile era uno de los países más conservadores de la región.

En abril de ese año Bachelet promulgó un acuerdo que permitió la unión de personas del mismo sexo tras una batalla de 12 años en el Congreso. Es, señaló orgullosa, “una reivindicación y un logro en la lucha por los derechos de la diversidad sexual”.

Hace unos meses, en 2017, mandó al Congreso el proyecto de matrimonio igualitario con derecho a adopción, y aunque casi con certeza no logrará avances antes de concluir su gestión -en marzo de 2018-, sí ganó otra gran batalla al promulgar la ley que despenalizó el aborto en tres causales: peligro de la vida de la madre, violación e inviabilidad del feto.

En contraste, Bachelet ha quedado en deuda con algunas de las promesas que la llevaron al poder por segunda vez —como una nueva constitución— aunque sí logró aprobar modificaciones en materia tributaria y laboral. Sin embargo, éstas tampoco dejaron contentos a todos.

Su primera reforma —la tributaria— elevó gradualmente los impuestos de las empresas para financiar algunas trasformaciones en el sector educativo, por lo que fue criticada por los empresarios, que la acusan de frenar inversiones y el crecimiento en Chile. Además, los cambios laborales dejaron insatisfechos a los trabajadores.

Poco después, los reclamos de los chilenos comunes también comenzaron a multiplicarse: dado que subieron los impuestos que afectan a bebidas alcohólicas, endulzadas y cigarrillos, sus bolsillos se resintieron.

Y aunque había dejado pendiente la aprobación del proyecto de Educación Superior, que incluye la enseñanza gratuita para tres millones y medio de estudiantes, este miércoles logró que fuera sancionada por el Senado y el siguiente paso será que la comisión de educación introduzca cambios. Actualmente 257.000 jóvenes estudian gratis. Si en la segunda vuelta presidencial ganara el candidato oficialista, la gratuidad seguiría avanzando gradualmente, pero si lo hace Piñera, el futuro sería incierto.

Aquel 2015 no sólo cimbró la popularidad de Bachelet, sino la economía de su país: junto con la caída de los precios internacionales del cobre, del que Chile es el principal exportador mundial, la economía interna se desaceleró y la presidenta se vio obligada a frenar el avance de la reforma educacional y las mejoras que la sociedad esperaba en la salud pública, de la que depende el 80% de la población.

Mientras que su primera gestión concluyó con un crecimiento de 3,3%, se estima que su segundo gobierno termine en torno a un 1,8%, el más bajo de todos los gobiernos chilenos desde el retorno de la democracia en 1990.

Bachelet ya no sonríe tan a menudo como solía hacer al comienzo de su gobierno, aunque de tanto en tanto muestra sus logros con entusiasmo. A comienzos de noviembre, inauguró la línea 6 del metro, que unió barrios de clase media alta con mercados populares y barriadas de zonas vulnerables.

“Siempre es una emoción inaugurar algo, sobre todo, cuando uno lo decidió en un gobierno anterior y le toca inaugurarlo en el segundo”, dijo feliz.

Ahora pareciera que Chile tampoco sonríe como antes: en 2018 no sólo se despedirá de Bachelet, sino posiblemente de la centroizquierda, el sector político que la respalda. El candidato oficialista Alejandro Guillier obtuvo un 22% de sufragios en primera vuelta y necesitaría al menos un porcentaje similar para derrotar a Piñera, quien recibió el 36,6% de los votos, algo que muchos ven improbable.

Marcelo Mella, analista de la Universidad de Santiago de Chile, dijo a la AP que un problema de los gobiernos progresistas de América Latina --como lo fueron Argentina, Brasil y Uruguay-- es lograr transformar las reformas en proyectos sólidos y conformar una coalición que promueva los cambios para que sean viables en el parlamento.

A Bachelet le pesó la división al interior del oficialismo: la coalición de siete partidos que la llevaron al poder continuamente se fracturaba al aprobar sus proyectos.

“El gobierno fue extremadamente malo para juntar su propia mayoría”, dijo Lagos, de Latinobarómetro. “Creía que tenía una especie de buzón en el parlamento y en ocasiones éste se rebelaba y le decía que no y eso es baja destreza política”

Por otra parte, en las calles, no se oculta la desilusión hacia Bachelet.

“Yo me desencanté del gobierno desde el momento del caso CAVAL para adelante”, dijo Carmen Fuentealba, una jubilada de 70 años. “Las cosas que ha reformado no van a ser aceptadas nunca”.

Fuentealba, además, no le perdona que eludiera el escándalo por estar de vacaciones. “Un presidente puede estar veraneando pero tiene que estar atento”, dijo.

Marina Sepúlveda, de 54 años, vende emparedados y cree que con Bachelet se comprueba el dicho de que las segundas partes son malas. “La segunda etapa de ella ha sido pésima”, dijo. “La gente que tiene no se preocupa realmente de las cosas que nos preocupan a nosotros, que es la delincuencia, trabajo. Para mí, lo ha hecho mal”.

Descrita por amigos y familiares como una mujer fuerte, voluntariosa, reservada y acostumbrada a rodearse de gente leal, Bachelet podría enfrentar una nueva sacudida, de una magnitud todavía impredecible: un fiscal investiga si su hijo Sebastián entregó en 2012 comprobantes fiscales falsos cuando era funcionario público.