Una controvertida reforma jubilatoria impulsada por el gobierno de Mauricio Macri quedó habilitada para su votación en la Cámara de Diputados tras una acalorada discusión el martes en una comisión legislativa, que incluyó golpes de puño, gritos y empujones.

La iniciativa es la primera de las reformas económicas que busca sancionar el gobierno tras el fuerte respaldo que obtuvo en las elecciones de medio término de octubre pasado, con el objetivo de reducir el gasto público y generar condiciones más atractivas para la inversión extranjera después de una década de políticas populistas.

El proyecto de reforma jubilatoria, que tiene como eje central la modificación de la fórmula de movilidad jubilatoria, cuenta con media sanción del Senado y el oficialismo espera que se convierta en ley en la cámara baja en los próximos días. La iniciativa obtuvo el martes dictamen de mayoría en las comisiones de Presupuesto y Hacienda y de Previsión y Seguridad Social, paso previo para su tratamiento en el recinto.

Un grupo de jubilados y sindicalistas que rechazan la reforma por considerar que significará un perjuicio para sus bolsillos asistieron a la reunión conjunta de ambas comisiones e insultaron al ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, y de Trabajo, Jorge Triaca, quienes asistieron al Congreso para informar sobre los detalles del proyecto.

También hubo amenazas a los legisladores en caso de votar la norma.

En medio de los gritos, personal de seguridad del Congreso quiso desalojar a los manifestantes, lo cual generó una gresca que se frenó por la intervención de los diputados.

Hasta ahora los haberes jubilatorios se ajustan semestralmente tomando en cuenta la evolución de los salarios y la recaudación. A partir de la nueva ley, el aumento será trimestral y se establecerá en un 70 por ciento por índice de inflación y el resto por suba de los salarios formales (Ripte).

El proyecto contempla que el aumento previsto para marzo se calculará bajo la nueva fórmula, lo cual significará que los jubilados cobrarán menos que con el anterior cálculo. Abogados previsionales y constitucionalistas advirtieron sobre la ilegalidad en la aplicación retroactiva de este mecanismo.

Este índice de movilidad de haberes también se aplicará para calcular el monto de subsidios para familias sin empleo, pensiones por discapacidad y para los ex combatientes de la guerra de Malvinas.

La reforma también establece para los trabajadores del sector privado la opción de jubilarse a los 70 años. Actualmente la edad jubilatoria es de 65 años para los hombres y 60 para las mujeres.

Uno de los argumentos principales del oficialismo es que el actual sistema previsional no es sustentable en el tiempo. “La ley vigente es una fórmula que no se utiliza en ningún lugar del mundo. Estamos protegiendo los recursos de los jubilados que escinde la recaudación tributaria del pago de jubilados. Implica una mejora real entre 5 y 6 por ciento para año que viene”, afirmó el ministro Dujovne.

Desde la oposición, en cambio, sostienen que los jubilados y los sectores más vulnerables son la variable de ajuste del gobierno para reducir el déficit fiscal y cumplir con sus obligaciones externas.

“El proyecto goza de todo tipo de ilegalidad. Viola la constitución. Dicen que el sistema no es sustentable, pero no es sustentable porque no generaron empleo”, apuntó la diputada Mirta Tundis de Unidos por una nueva Argentina (UNA).

En paralelo a la reforma previsional, el oficialismo también impulsa en el Congreso cambios en leyes laborales y en la recaudación.