En Estados Unidos existe una ley contra el crimen organizado que se ha utilizado desde finales de la década de 1970 para hacer caer a los líderes de la mafia. Y recientemente surgió esta interrogante: ¿los fiscales podrían usarla contra Harvey Weinstein?

Los abogados de seis actrices que acusaron a Weinstein de haber abusado sexualmente de ellas interpusieron una demanda el miércoles en Nueva York, en la que argumentan que el productor de películas era, en esencia, un mafioso que utilizó una legión de asistentes, agentes de casting, empresas de seguridad, periodistas de chismes y de otras personas para abastecerse de un flujo constante de parejas sexuales en contra de la voluntad de éstas y para silenciar sus quejas.

La demanda contra la delincuencia organizada fue interpuesta en un tribunal civil, pero desencadenó discusiones sobre si los fiscales podrían presentar un caso penal similar.

Tal vez, dijo G. Robert Blakey, un profesor emérito de la facultad de derecho de la Universidad de Notre Dame que ayudó a redactar la Ley de Organizaciones Mafiosas y Corruptas. Pero no sería fácil.

“Tomaría mucha imaginación y fortaleza intestinal”, indicó Blakey. “A los fiscales les han estado haciendo falta ambas en forma notable cuando se trata de mujeres que acusan de abuso sexual a hombres poderosos”.

La ley fue redactada para acabar con el crimen organizado pero no está limitada a éste, explicó Blakey. Ha sido utilizada por los fiscales para ir tras las firmas de Wall Street que incumplieron las normas, y también contra contratistas corruptos del gobierno. Los fiscales federales la están utilizando en la actualidad para combatir presuntos sobornos en el fútbol mundial en un juicio en curso en Brooklyn.

Sin embargo, un caso penal contra el crimen organizado también tiene muchos obstáculos, señaló Blakey. Los fiscales federales tendrían que probar que existió una organización criminal, que afectó al comercio interestatal y que el acusado estaba asociado y se involucró con el crimen organizado. Además, tendría que ser presentada dentro de los cinco años posteriores a que la asociación delictuosa haya concluido, explicó el profesor. El estatuto sobre el crimen organizado es una ley federal, aunque algunos estados, como Nueva York y California, tienen leyes estatales similares.

Las mujeres que demandaron a Weinstein en un tribunal civil dicen que la “Weinstein Sexual Enterprise” (Empresa Sexual de Weinstein) consistía en una larga lista de personas que permitían los abusos del productor o los encubrían.

Las acusaciones se basaron en la información publicada por el periódico The New York Times y por la revista New Yorker. Ambos publicaron reportajes en los que mostraron que Weinstein tomó medidas extraordinarias para ocultar las demandas, incluido el contratar empresas de seguridad para investigar a los periodistas que trabajaban en una posible historia, y coordinarse con otros medios de comunicación con el fin de desacreditar a las mujeres que pudieran hacer público el abuso.

Al menos 75 mujeres han acusado a Weinstein de avances indeseados, acoso sexual y violación.