Los ataques contra San Francisco y otras ciudades con políticas migratorias parecidas comenzaron poco después de que un jurado absolviera a un mexicano del homicidio de una mujer en un popular muelle.

El presidente Donald Trump calificó el veredicto de "completa parodia de la justicia", y el secretario de Justicia Jeff Sessions exigió que ciudades como San Francisco cancelen sus políticas migratorias que prohíben la cooperación con autoridades federales para deportar inmigrantes.

Miles de usuarios de Twitter publicaron mensajes con el hashtag #BoycottSanFrancisco. Políticos y celebridades conservadoras como la ex gobernadora de Alaska Sarah Palin y el actor James Woods vapulearon a la ciudad.

Los funcionarios municipales respondieron y prometieron mantener su llamada política de ciudad santuario, que conllevó a que José Inés García Zárate fuera excarcelado en San Francisco pese a que las autoridades federales había pedido que lo retuvieran para deportarlo. Esto ocurrió semanas antes de que Kate Steinle muriera por un balazo en la espalda en el 2015. García Zárate había sido deportado cinco veces.

"San Francisco es y siempre será una ciudad santuario", dijo Ellen Canale, portavoz del alcalde Ed Lee.

San Francisco fue una de las primeras ciudades en establecer leyes santuario en 1989, como parte de una ola nacional de ciudades que aprobaban políticas de ayuda a refugiados centroamericanos.

Desde entonces, San Francisco ha aprobado constantemente algunas de las políticas más favorables para los inmigrantes en todo el país, ampliando protecciones a inmigrantes que viven en el país de manera ilegal.

Cientos de ciudades tienen políticas parecidas, que Trump, Sessions y otras personas dicen son responsables por la muerte de Steinle.

La fiscalía había acusado a García Zárate de asesinato, agresión y de poseer un arma de fuego siendo convicto. Él dijo que el arma se disparó por accidente y que encontró la pistola debajo de una silla en el muelle y que se disparó cuando la recogió.

La vicefiscal de distrito de San Francisco Diana García exhortó al jurado a declararlo culpable de asesinato en primer grado. El jurado también sopesó y rechazó la acusación de asesinato en segundo grado y homicidio involuntario.

El jurado sí lo declaró culpable del cargo relacionado al arma, que conlleva una sentencia máxima de tres años de cárcel. El Servicio de Control de Inmigración y Aduanas dijo que "al final deportaría" a García Zárate.