Dominicana: Medina se refiere a desnacionalización

El presidente dominicano Danilo Medina dijo que buscará una solución tras considerar que era un problema humano lo causado por la negativa del estado a reconocer la nacionalidad de miles de personas nacidas en el país de padres inmigrantes que carecían de residencia legal, en su mayoría de origen haitiano.

"Lo menos que podíamos hacer es pedirles excusas por lo que están pasando", dijo el jefe de Estado al referirse por primera vez de forma pública a la decisión del registro civil y del tribunal constitucional de anular las actas de nacimiento de los dominicanos de ascendencia haitiana.

Explicó en declaraciones a periodistas que ha escuchado los testimonios de jóvenes que nunca pudieron recibir su certificado de bachillerato e inscribirse a la universidad porque la Junta Central Electoral, que administra el registro civil, les negó la cédula de identidad debido a su ascendencia haitiana.

Entre los miles de afectados, Elmo Bida Joseph, de 21 años, narró recientemente a The Associated Press cómo "vi todos mis sueños rotos" cuando por la negativa de la Junta Central Electoral de entregarle la cédula de identidad tuvo que abandonar las prácticas de beisbol en la academia del pelotero Miguel Batista, donde tenía la oportunidad de conseguir un contrato con un equipo de grandes ligas.

"Hay algunos que con lágrimas en los ojos nos han dicho que han perdido cinco años de sus vidas, sin poder inscribirse en una universidad por no tener una cédula", insistió Medina, quien el lunes recibió por primera vez, y a solicitud de Naciones Unidas, a una delegación de representantes de personas afectadas por la retención e inminente anulación de documentos.

El tribunal constitucional avaló el 23 de septiembre pasado, mediante la sentencia en el caso particular de la dominicana de ascendencia haitiana Juliana Deguis Pierre, el proceso que el registro civil comenzó en 2007 para retener las actas de nacimiento y cédulas de identidad de los hijos de inmigrantes no residentes por considerar que fueron registrados de forma fraudulenta.

Roberto Rosario, presidente de la Junta Central Electoral, ha insistido que la medida busca eliminar los registros que se hicieron mediante supuestos fraudes.

El tribunal constitucional también ordenó realizar un inventario desde 1929 de todos los hijos de inmigrantes no residentes nacidos el país a fin de anular, mediante procesos judiciales, sus actas de nacimiento. Rosario adelantó que los afectados podrán regularizar su estatus mediante un plan para extranjeros, el cual aún no está en marcha.

A lo largo de gran parte del siglo XX miles de trabajadores de Haití migraron a República Dominicana para laborar en los ingenios cañeros, donde formaron familias y sus hijos fueron reconocidos como dominicanos hasta que en los últimos años el registro civil comenzó a negarles documentos con base en una dilatada controversia constitucional.

"No sé si legalmente se ha cometido una injusticia, pero ahí hay un problema humano", destacó Medina. Aunque no ofreció detalles, indicó que buscará medidas para solucionar la situación.

Ana María Belique, vocera del grupo Reconoci.do y a quien la Junta Central Electoral le retuvo durante varios años su acta de nacimiento, dijo que la reunión que ella y otros activistas tuvieron el lunes con Medina "es una luz de esperanza".

Aunque no existen cifras oficiales, diversos grupos de derechos humanos estiman que el plan del tribunal constitucional, al que califican como "desnacionalización", afectará a más de 200.000 personas.

La decisión del tribunal "viola las obligaciones internacionales del Estado en materia de derechos humanos", aseguró el martes la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en un comunicado fechado en Washington.

El organismo, que desde hace dos años analiza la situación, advirtió que "estas personas podrían quedar en situación de apatridia, lo cual es violatorio de la Convención Americana sobre Derechos Humanos".

Recordó que ya que 2005 la Corte Interamericana de Derechos Humanos falló en contra del estado dominicano por negarse durante varios años a reconocer la nacionalidad de dos niñas descendientes de inmigrantes haitianos y pidió al gobierno dominicano adecuar sus legislaciones.

Otras organizaciones de derechos humanos, como las estadounidenses Open Society y el Centro Robert F. Kennedy también han criticado el programa de revisión de actas de nacimiento.