Medina recibe a afectados por "desnacionalización"

El presidente dominicano Danilo Medina recibió el lunes por primera vez, y a solicitud de Naciones Unidas, a representantes de personas a quienes el estado se niega a reconocerles la nacionalidad por ser hijos de inmigrante haitianos sin permiso para vivir legalmente en el país.

"Para nosotros la reunión con el presidente es una luz de esperanza", dijo a The Associated Press Ana María Belique, vocera del grupo Reconoci.do. "Confiamos en la palabra del presidente, esperamos que él pueda gestionar lo que sea posible para que esta situación no continúe vulnerando y destruyendo la vida de miles de personas".

Belique detalló que durante el encuentro del lunes tres personas narraron al jefe de Estados las penurias por las que han pasado luego de que la Junta Central Electoral comenzó en 2007 a retenerles las actas de nacimiento y cédulas de identidad, que son indispensables para cualquier trámite civil, como estudiar, casarse, abrir una cuenta bancaria o conseguir un empleo.

El presidente "nos pidió excusas a nombre de la República Dominicana", dijo la activista, a quien la Junta Central Electoral le retuvo durante varios años sus documentos debido a su ascendencia haitiana. Aunque un tribunal ordenó en 2011 que la Junta Central le entregara copia del acta de nacimiento, la institución abrió un nuevo proceso judicial para anular el documento.

Aunque el presidente Medina no ofreció ninguna solución inmediata "sí reconoció el fundamento de nuestra reivindicación, en cuanto que pedimos son derechos ya adquiridos", comentó Antonio Pol-Emil, un dominicano de ascendencia haitiana que ocupa un cargo de elección popular y asistió al encuentro con el presidente.

La presidencia dominicana no ha confirmado el contenido de la entrevista de Medina con los representantes de los dominicanos de ascendencia haitiana.

La reunión con Belique y otros activistas ocurre luego de que el tribunal constitucional ordenara a la oficina que lleva el registro civil realizar un inventario de todos los nacidos en el país desde 1929 de padres inmigrantes sin permiso de residencia, en su gran mayoría de origen haitiano.

La sentencia fue expedida el pasado 23 de septiembre.

Al concluir el inventario, las actas de nacimiento de los dominicanos de ascendencia haitiana serán sometidas a los tribunales a fin de anularlas en cumplimiento de la providencia del Tribunal.

Aunque no existen cifras oficiales, diversos grupos de derechos humanos estiman que la medida, a la que califican como una "desnacionalización", afectará a más de 200.000 personas.

Roberto Rosario, presidente de la Junta Central Electoral, que administra el registro civil, ha insistió que los afectados podrán regularizar sus estatus mediante un plan de residencias para extranjeros, que aún no existe, pese a que una ley ordenó su creación en 2004.

De forma previa a la decisión del tribunal constitucional, la Junta Central Electoral ya había comenzado en 2007 a retener las actas de nacimiento y a negar la emisión de cédulas de identidad a todos los descendientes de inmigrantes haitianos por considerar que los habían registrado como dominicanos de forma fraudulenta para obtener la nacionalidad.

Durante gran parte del siglo pasado, miles de trabajadores del vecino Haití migraron a República Dominicana para laborar en los ingenios cañeros, donde vivieron el resto de sus vidas, formaron familias y sus hijos fueron reconocidos como dominicanos hasta que en los últimos años el registro civil comenzó a negarles los documentos con base en una controversia constitucional.

El presidente Medina, que nunca se ha referido al tema en sus discursos y alocuciones públicas, se reunió en septiembre con los representantes de Naciones Unidas y otras agencias de ese organismo, quienes le manifestaron preocupación por el proceso para retener a los dominicanos de ascendencia haitiana y le pidieron que recibiera a una delegación de afectados.

Lorenzo Jiménez, representante de la ONU, había informado en esa ocasión que Medina le indicó que no podía intervenir porque el caso estaba en manos de otro poder del estado.

El sacerdote Mario Serrano, quien también estuvo presente en el encuentro, indicó que Medina se comprometió a que la policía de inmigración no detendrá e intentarán expatriar a ninguna persona a quien el registro civil le haya retenido sus documentos.

La medida ha sido criticada por diversos organismos de derechos humanos nacionales e internacionales, como el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados, que consideró "según un principio básico de leyes internacionales, nadie puede ser privado de nacionalidad si ello conduce a dejarlo apátrida".