Dominicana: grupos contra la desnacionalización

Diversos grupos de las sociedad civil y de derechos humanos pidieron el jueves al gobierno dominicano revocar el plan que busca anular las actas de nacimiento de miles de personas nacidas en el país de padres inmigrantes ilegales, en su gran mayoría haitianos.

El influyente grupo Participación Ciudadana advirtió en una rueda de prensa que con ese plan, el estado dominicano "se aboca con toda seguridad a una nueva declaración de responsabilidad por violación" de legislaciones internacionales, como la Convención Interamericana de Derechos Humanos.

La Corte Interamericana de Derechos Humanos ya había fallado en 2005 en contra del estado dominicano por negarse a reconocer la nacionalidad a dos niñas por el origen haitiano de sus madres.

El tribunal constitucional dominicano ordenó el 23 de septiembre pasado, mediante sentencia inapelable en el caso de la dominicana de ascendencia haitiana Juliana Deguis Pierre, que las autoridades del registro civil realicen un inventario de todas las personas nacidas en el país desde 1929 y que tienen la nacionalidad dominicana a fin incluirlos en una "lista de extranjeros irregularmente inscritos".

Tras concluir el inventario en un plazo máximo de dos años, la Junta Central Electoral, que administra el registro civil, debe comenzar el proceso judicial para anular las actas de nacimiento de los afectados e informar a las embajadas de los países de sus antepasados.

"Esas personas, muchas incluso muertas después de haber residido desde su nacimiento en nuestro territorio, serían despojadas de la nacionalidad, abriendo serias interrogantes sobre la situación de su descendencia", advirtió Rosalía Sosa, directora ejecutiva de Participación Ciudadana.

La Iniciativa de Justicia de la organización estadounidense Open Society calificó el jueves ese método como "altamente perturbador" y que constituirá "el incumplimiento de prohibiciones internacionales contra el racismo y la discriminación étnica".

Deguis Pierre, de 29 años, forma parte de un grupo de 48 personas que habían acudido ante el tribunal constitucional porque la Junta Central Electoral, que administra el registro civil, les negaba desde 2007 copias de sus actas de nacimiento o sus cédulas de identidad debido a su ascendencia haitiana. Según las autoridades del registro civil, esas personas habían sido registradas como dominicanas de forma irregular, ya que de forma presunta sus padres eran inmigrantes ilegales.

El caso de esas 48 personas y de otro grupo similar ha estado bajo análisis de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos desde hace dos años.

Durante décadas, el gobierno dominicano reconoció como sus ciudadanos a los hijos de los miles de inmigrantes haitianos que eran llevados a trabajar a los ingenios cañeros, donde permanecieron el resto de sus vidas e hicieron familias. Pero las autoridades comenzaron a negarles la ciudadanía e incluso a retenerles sus documentos desde los años 90 con base en una controversia constitucional sobre quiénes pueden tener la nacionalidad por el simple hecho de nacer en el país.

Según la ley de migración de 2004 y una nueva constitución de 2010, los inmigrantes haitianos ilegales son extranjeros "en tránsito" y sus hijos no son ciudadanos dominicanos. El tribunal constitucional determinó en su sentencia de la semana anterior que esa disposición debe aplicarse a todos los inmigrantes que llegaron después de 1929 y a sus descendientes, ya que la constitución de esa época también establecía que los hijos de los extranjeros "en tránsito" no eran dominicanos.

"Ningún tribunal tiene autoridad para dejar apátridas a sus propios ciudadanos", dijo Kerry Kennedy, presidente del estadounidense Centro Robert F. Kenny para la Justicia y los Derechos Humanos, en un mensaje enviado desde Washington al presidente Danilo Medina.

Kennedy consideró que el proyecto para anular las actas de nacimiento es "xenofobia a escala masiva patrocinada por el estado".

El tribunal constitucional ordenó que la Junta Central devuelva a Deguis Pierre y a otros en situación similar su acta de nacimiento, pero sólo para que de inmediato comience el trámite judicial para anularla.

Roberto Rosario, presidente de la Junta Central Electoral, indicó el miércoles que esa institución ordenó la devolución del acta de nacimiento a Deguis Pierre para realizar el trámite judicial y también remitió el expediente a la Dirección de Migración.

Rosario ha insistido que el proceso no busca dejar sin derecho a nacionalidad de Deguis Pierre y a los miles de otros afectados, sino que tiene como meta darles la oportunidad de que regularicen su estatus migratorio mediante un plan para extranjeros.

El plan para regularizar a los extranjeros aún no existe.

Diversos grupos que defienden los derechos de los dominicanos de ascendencia haitiana también protestaron la tarde del jueves afuera del tribunal constitucional para exigir la revocación de la sentencia y asegurar que es contraía a convenios internacionales y a la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre un caso similar en 2005.

"Es una sentencia que constituye un delito de lesa humanidad", comentó a The Associated Press el abogado Manuel Dandré, quien por ser hijo de haitianos ilegales se encuentra en peligro de perder la nacionalidad.

Los manifestantes portaban pancartas para denunciar el supuesto "genocidio civil" de miles de afectados por la decisión del tribunal.

"Estamos profundamente perturbados", dijo en un comunicado Jame A. Goldston, director ejecutivo de la Iniciativa de Justicia de la organización estadounidense Open Society, con sede en Nueva York.

Consideró que la medida "amenaza con una desnacionalización masiva" que tendrá un "impacto devastador en cientos de miles de ciudadanos dominicanos".

Aunque no existen cifras oficiales, Joseph Cherubin, presidente de la organización que representó a Deguis Pierre en el tribunal, insiste que más de 200.000 descendientes de haitianos serán afectados, además de otros 35.000 hijos de inmigrantes de otros países.

El tribunal constitucional indicó que desde 2007, la Junta Central Electoral ha evaluado poco más de 20.000 actas de nacimiento y ha negado 40.000 cédulas de identidad a personas nacidas en el país de padres inmigrantes ilegales.