Puerto Rico busca aplicar la ley federal de quiebras de EEUU

Autoridades de Puerto Rico buscaron el jueves convencer a los legisladores de Estados Unidos de que a las empresas públicas de la isla que sufren problemas económicos se les permita reestructurar su deuda bajo el código federal estadounidense de bancarrotas.

La iniciativa llega después de que un juez federal determinó que una ley local para restructurar deuda impulsada el año pasado por el gobernador de Puerto Rico era inconstitucional.

Melba Acosta, presidenta del Banco Gubernamental de Fomento para Puerto Rico, estuvo entre los que testificaron ante una Comisión Judicial de la Cámara de Representantes en Washington.

"La situación fiscal y económica en Puerto Rico ha alcanzado un momento crítico", dijo la funcionaria. "Si las corporaciones públicas no cumplen con sus obligaciones y no hay régimen legal claro, los acreedores podrían recurrir a las cortes".

Pedro Pierluisi, delegado de Puerto Rico ante el Congreso estadounidense, presentó un proyecto de ley que permitiría a las empresas estatales de la isla acogerse a la ley federal estadounidense de quiebras en caso de necesitarlo. Esto no aplica a la deuda emitida directamente por el gobierno de Puerto Rico.

La isla está en su octavo año de recesión y está batallando para reducir una deuda pública de 73.000 millones de dólares, cantidad de la cual las empresas públicas deben casi el 40%. Los inversionistas están cada vez más preocupados de que la Autoridad de Energía Eléctrica de la isla, que tiene unos 9 millones de dólares en deudas, pueda ser una de las primeras en declararse en quiebra.

La agencia calificadora de riesgo Moody's Investors Service indicó en un informe la semana pasada que Puerto Rico podría dejar de pagar su deuda en los siguientes dos años.

La isla emitió un récord de 3.500 millones de dólares en bonos el año pasado y espera emitir unos 2.000 más, respaldada por una propuesta para aumentar los impuestos al petróleo crudo. Los ingresos podrían ayudar a fortalecer las finanzas de la Autoridad de Carreteras y Transportación, que debe 2.200 millones de dólares al Banco Gubernamental de Fomento de Puerto Rico, un 21% de la cartera del banco.

Acosta dijo que, si la iniciativa no es aprobada, al gobierno se le hará más costoso solicitar financiamiento y dificultará a las empresas públicas volverse autosuficientes.

Puerto Rico es actualmente el tercer mayor emisor de bonos municipales en Estados Unidos.

Uno de los integrantes del comité, el legislador Darrell Issa, destacó que si la protección federal contra la bancarrota se extendiera a las entidades del gobierno puertorriqueño, esto no debería ser retroactivo. También se preguntó si debe crearse una junta de control financiero.

Los críticos dicen que el proyecto de ley podría afectar el valor de 48.000 millones de dólares de bonos municipales de Puerto Rico y dañar a los tenedores de bonos.

"La ley puertorriqueña ya da una alternativa: la liquidación judicial", dijo Thomas Mayer, quien representa fondos administrados por las empresas Franklin Municipal Bond Group y OppenheimerFunds Inc.

Las dos compañías presentaron una demanda que llevó a un juez federal a derogar la ley de restructura de deuda de la isla este mes.

____

Danica Coto está en Twitter como: https://twitter.com/danicacoto