El Salvador busca endurecer penas contra la extorsión

El presidente Salvador Sánchez Cerén presentó el miércoles una iniciativa de ley para combatir las extorsiones, que endurece las penas de cárcel e incluye la incautación de bienes producto del delito y el bloqueo de las comunicaciones telefónicas ilegales desde las cárceles.

"La extorsión no solo afecta a la víctima, sino que afecta a toda la sociedad", dijo el mandatario al presentar la iniciativa de ley enviada a la Asamblea Legislativa.

El proyecto establece regulaciones penales y procesales, así como medidas administrativas para la prevención, investigación, enjuiciamiento y sanción penal del delito de extorsión, así como la pérdida del dominio de los bienes obtenidos ilícitamente, producto de dicho delito y otras actividades delictivas conexas.

Según las autoridades, la extorsión es uno de los delitos que más golpea a los salvadoreños, en especial a los empresarios, transportistas, comerciantes y que alcanza hasta al ciudadano común, en su mayoría tiene su origen en llamadas telefónicas de los presos.

Investigaciones del Consejo Nacional de la Pequeña Empresa de El Salvador, dan cuenta que hasta el 31 de diciembre de 2014, un 90% de pequeños y medianos empresarios registrados en la gremial denunciaron que están siendo extorsionados.

El proyecto según explicó el mandatario, también contempla sanciones a las compañías telefónicas que no cumplen con la orden de bloquear su señal cerca de los centros penitenciarios, con multas a las empresas telefónicas que incumplan llegan hasta 1,2 millones de dólares, así como sanciones administrativas, hasta quitarles las concesiones.

Sánchez Cerén también anunció que en los próximos días enviará al Consejo Nacional de Seguridad Nacional y Convivencia, un proyecto de ley de reinserción de pandilleros y prevención de personas en riesgo.

El Consejo es un organismo integrado por representantes de la empresa privada, iglesias, municipalidades y partidos políticos que cuenta con el apoyo de organismos de Naciones Unidas, la Organización de Estados Americanos, y la Unión Europea, y tiene como misión impulsar consensos de diferentes sectores de la sociedad para apoyar el combate a la delincuencia en El Salvador.

El mandatario explicó que la normativa permitirá un mecanismo para quienes "que, sin haber cometido todavía delitos, (y) tengan algún nivel de pertenencias a pandillas, puedan reinsertarse a la sociedad".

Según las autoridades las pandillas establecidas en populosos barrios están integradas por más de 70.000 jóvenes y adolescentes están involucrados en la mayoría de crímenes que se cometen en el país. Más de 10.000 pandilleros, entre reconocidos cabecillas, presos en diferentes cárceles del país.