Buscan salida al estancado juicio por el 11-S en Guantánamo

Un juez militar decidirá si puede retomar el intento de procesar a cinco prisioneros de Guantánamo por los ataques del 11 de septiembre tras estar bloqueado durante casi un año por la revelación de una presunta investigación del FBI a miembros de uno de los equipos de abogados de la defensa.

Se espera que los cinco acusados vuelvan a comparecer ante el tribunal el lunes en una vista centrada en si es necesario más tiempo para explorar cualquier posible conflicto de intereses derivado del interrogatorio realizado por agentes del FBI a personal de apoyo de abogados defensores.

El juez, el coronel del ejército James Pohl, está considerando dejar fuera del caso a uno de los detenidos, Ramzi Binalshibh, para seguir avanzando hacia un juicio que podría derivar en una condena de pena de muerte en la base naval estadounidense en Cuba.

La fiscalía quiere mantener juntos a los cinco acusados, alegando que separarlos podría derivar en aún más retrasos y causar más dolor a los familiares de los fallecidos en los ataques terroristas del 11 de septiembre de 2001.

"Estas no son circunstancias que requieran una separación", dijo el fiscal jefe, el general de brigada del ejército Mark Martins, a periodistas en la base.

Mantener el caso intacto requiere un dictamen del juez asegurando que la investigación del FBI no creó un conflicto de intereses para los abogados defensores de Binalshibh, cuyo equipo fue objeto de una investigación. No se han dado a conocer la naturaleza ni el alcance de la misma.

James Harrington, el abogado civil que lidera el equipo de Binalshibh, dijo que el interrogatorio a su equipo había mermado la relación abogado-cliente, crucial en un caso con pena de muerte. "Obviamente, esta es una perturbación importante en el caso y ha sido también una horrible alteración dentro de mi equipo", dijo Harrington en la víspera de la vista.

Los letrados dicen que el hecho de que ellos o miembros de sus equipos puedan ser objeto de una investigación penal crea un potencial conflicto de intereses al aumentar la posibilidad de que puedan actuar en beneficio propio más que en el de sus clientes, restando eficacia a su defensa.

Antes, el juez había nombrado a otro abogado para asesorar a Binalshibh en las posibles implicaciones legales de la investigación, incluyendo si Harrington podía continuar representándolo.

La revelación de que agentes del FBI estaban investigando a miembros del equipo defensor de Harrington y de otros acusados, surgió en abril, lo que provocó la suspensión inmediata del proceso para resolver cuestiones previas al juicio, calificado por funcionarios como el más caro y complejo de la historia judicial de Estados Unidos.

Los cinco acusados, entre los que está el autoproclamado cerebro de los atentados del 11 de septiembre Jalid Sheij Mohamed, fueron procesados en mayo de 2012 por cargos que incluyen terrorismo, secuestro y casi 3.000 cargos de asesinato por su supuesta participación en la planificación y suministro de apoyo logístico para el ataque.