Organizaciones mexicanas plantean desapariciones ante ONU

Varias organizaciones de derechos humanos demandaron al Comité de Desaparición Forzada de las Naciones Unidas que se nombre a un relator especial para investigar sobre el paradero y problemática que afectan a miles de desaparecidos en México en el contexto de las protestas por la desaparición de 43 estudiantes en el sur del país.

Denise González del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez afirmó que la desaparición de los jóvenes no es un caso aislado. Al contrario, la desaparición forzada en México toma las dimensiones de una auténtica "crisis humanitaria" que el estado no quiere reconocer.

"Se comete de forma generalizada y mientras tanto el estado mexicano busca disminuir su responsabilidad", dijo González durante una rueda de prensa ofrecida el martes en la capital mexicana para explicar el punto de vista de su organización ante la reunión del Comité de Desaparición Forzada.

Juan Manuel Gómez Robledo, Subsecretario para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos de la Secretaría de Relaciones Exteriores afirmó el martes en Ginebra, donde tienen lugar las sesiones de revisión de la situación de México, que el gobierno escuchará con apertura las recomendaciones que emita el Comité tras los dos días de discusión en los que tanto familiares de desaparecidos como el estado expondrán sus puntos de vista.

"Y, evidentemente, habrá luego que dar seguimiento y cumplimiento a estas recomendaciones", dijo Gómez Robledo.

El funcionario reconoció que existen medidas que podrían demostrar la voluntad de México por progresar. Puso como ejemplo la aprobación de una ley sobre desaparición forzada antes de que termine el período de sesiones actual, vigente hasta junio y la aprobación de un registro nacional de desaparecidos.

Según las cifras oficiales, hay 23.270 desaparecidos en México. La oficina de búsqueda de la Procuraduría General de la República busca a 621 de ellos.

Las organizaciones de derechos humanos no se creen las cifras oficiales.

"La información tiene muchas fallas, no está completa ni actualizada", dijo Zita Loyo, de la organización "Hasta Encontrarlos".

Los 43 estudiantes fueron detenidos ilegalmente por la policía municipal de Iguala, en el estado de Guerrero. El Procurador General de México ha mantenido hasta el momento que la policía los entregó a un grupo de sicarios que los asesinó, quemó y arrojó sus restos a un río.

Las pruebas de ADN sólo han servido para identificar a uno de los estudiantes. Familiares y organizaciones sociales piden explicaciones, que la investigación termine con sus dudas respecto al caso.

"No es justo que los padres de familia no puedan dormir, no pueden descansar", dijo Clemente Rodriguez, padre de uno de los estudiantes desaparecidos.

"No vamos a dar por cerrado el caso."

Quince organizaciones de derechos humanos firmaron una declaración conjunta en la que opinan que la respuesta del gobierno mexicano en Ginebra es "insatisfactoria" y dijeron que la revisión del Comité de las Naciones Unidas "representa una oportunidad para enderezar la política de estado frente a las desapariciones".

La historia de desaparición forzada en México data de décadas según las organizaciones. Pero las cifras están aumentando de manera dramática durante el gobierno de Enrique Peña Nieto.

Si el Comité de las Naciones Unidas nombra un relator espacial para México, esa persona daría seguimiento a los desaparecidos en el país, prepararía informes sobre la materia y podría formular recomendaciones políticas.

El gobierno mexicano está estudiando la posibilidad de reconocer formalmente al Comité.

"Fue una muy buena sesión, en un contexto, como ya dije, especialmente doloroso del acontecer nacional", dijo Gómez-Robledo.

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Peter Orsi en Twitter: www.twitter.com/Peter_Orsi