Congreso comienza a debatir reforma servicios secretos

El congreso argentino comenzó a debatir el martes un proyecto de ley de reforma de los cuestionados servicios secretos impulsado por la presidenta Cristina Fernández, quien ha apuntado a ex espías como los supuestos responsables de la muerte del fiscal que la denunció.

Los opositores renunciaron a acudir a la reunión de las tres comisiones legislativas que comenzaron a debatir la iniciativa al considerar que ésta última es una "cortina de humo" para desviar la atención pública de la misteriosa muerte del fiscal Alberto Nisman.

El cuerpo del investigador fue encontrado el 18 de enero en su departamento días después de presentar una denuncia contra Fernández por el supuesto encubrimiento de los iraníes sospechosos del atentado en 1994 a un centro judío. La justicia investiga si fue asesinado, se suicidó o e instigado a suicidarse.

Al referirse a la iniciativa que busca reformar la ley de 2001 que regula el funcionamiento de los servicios secretos, el actual titular de la secretaría de inteligencia, Oscar Parrilli, dijo a los periodistas después de la reunión legislativa que "hay una relación promiscua de algunos agentes con distintos estamentos, sea ejecutivo, provincial, municipal".

Una de las mayores críticas al proyecto es el hecho de que las intervenciones telefónicas pasen de la órbita de los propios servicios secretos a la del Ministerio Público Fiscal, cuya jefatura, según opositores y analistas, no es independiente.

Tras la misteriosa muerte de Nisman quedó al desnudo ante la opinión pública la existencia de guerras internas en el seno de los servicios secretos.

Fernández dijo que la denuncia del fiscal en su contra se basó en datos falsos suministrados al investigador por un ex jefe de espías que junto a sus colaboradores fue removido de los servicios secretos a fines del año pasado.

Además, insinuó que dicho ex agente estaría detrás de la muerte del fiscal y que ésta forma parte de un complot para desestabilizar a su gobierno.

Parrilli se mostró convencido de que "varios, algunos o muchos (agentes), a veces con amigos afuera", van a intentar frenar el proyecto de ley pero "no lo van a lograr".

Miguel Ángel Toma, que fue titular de la secretaría de inteligencia en 2002 y parte del 2003, dijo a The Associated Press que el proyecto de ley "es cambiar el collar pero dejarnos el mismo perro". Señaló que "todo lo que estaba se traspasa a esta nueva administración federal de inteligencia, con su personal, estructura y rangos".

También afirmó que la iniciativa trata de generar "una cortina de humo para encubrir el pase de escuchas telefónicas de la secretaria de inteligencia a la Procuraduría General (Ministerio Público Fiscal).". Al respecto señaló que "todos sabemos que la procuradora general de independiente no tiene nada" y además gozará de "estabilidad en el cargo" con el gobierno que salga de las elecciones de octubre.

Para el ex titular de los servicios secretos, "las escuchas deben seguir estando en la secretaría de inteligencia con control parlamentario, que es lo que no ha funcionado y estaba previsto en la ley 25.520. No ha funcionado porque el gobierno que tiene mayoría lo ha congelado".

La denuncia de Nisman contra la presidenta se basa en parte en escuchas telefónicas a dirigentes sociales afines al gobierno que según el investigador estaban autorizadas desde hace años por el juez de la causa que investiga al atentado.

Desde 1983, cuando se reinstauró la democracia después de una dictadura militar de siete años, ningún gobierno pudo controlar y transparentar los servicios secretos, que según analistas operaron para los intereses de los distintos Ejecutivos, partidos políticos y grupos periodísticos.

Gaston Chillier, director del Centro de Estudios Legales y Sociales, CELS, dijo a la AP que "todos sabían cómo funcionaba el secretario de inteligencia pero nadie decía nada porque se necesitaba sus servicios o por miedo".

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En esta nota colaboraron los periodistas de AP en Buenos Aires Peter Prengaman y Débora Rey