Arpaio disolverá fuerza de control de inmigrantes

Un jefe policial de Arizona conocido por aplicar medidas enérgicas a las personas que viven en Estados Unidos sin permiso está renunciando a su último bastión en estos esfuerzos, los cuales lo hicieron popular entre los electores pero gradualmente fueron contenidos por Washington y los tribunales.

La oficina de Joe Arpaio, jefe policial del condado Maricopa, reveló el miércoles por la noche que accedió a disolver una controvertida fuerza que ha allanado negocios para arrestar a más de 700 inmigrantes, acusándolos de utilizar identificaciones falsas o robadas con el fin de obtener empleos.

"Él ha demostrado que, cuando se involucra en hacer respetar las leyes que regulan la inmigración, pisotea la Constitución federal, con un gran costo para los contribuyentes y la seguridad pública", dijo Cecilia Wang, abogada de la Unión Americana por las Libertades Civiles que ganó un caso de encasillamiento racial contra la oficina de Arpaio.

La revelación de que el jefe policial cerró voluntariamente su escuadrón especializado en evitar las contrataciones que violan la ley llega después de que a su oficina le fueran retirados sus poderes federales especiales en cuestiones de inmigración, que se descubrieron prácticas de discriminación contra los latinos durante detenciones de tránsito, y que las autoridades federales la investigaran por presuntas violaciones a los derechos civiles. Los tribunales también han desechado muchas de las leyes que regulaban la inmigración en Arizona.

Arpaio aún conserva poder limitado para confrontar a los inmigrantes no autorizados, como por ejemplo una ley civil que impone penalizaciones a la licencia de negocios de empleadores que contratan inmigrantes a sabiendas de que están en el país sin permiso.

La oficina del jefe policial no respondió a una solicitud el jueves para entrevistar a Arpaio. Pero sí emitió un comunicado en el que informó que la fuerza especial será disuelta a principios del año próximo, y que el dinero subvencionado que se usó para hacer respetar las leyes que regulan el robo de identidad será devuelto al estado.

La ofensiva de Arpaio en materia de inmigración comenzó en 2005, a medida que la frustración de los electores crecía por el estatus del estado como el de mayor tráfico de inmigrantes no autorizados y los legisladores estatales comenzaban a responder a sus quejas por lo fácil que era cruzar la frontera de Arizona con México.

Al igual que otros jefes locales de policía, anteriormente Arpaio les dejaba a las autoridades federales la labor de hacer valer las leyes de inmigración.

Explicó su decisión de ingresar a este terreno como una tarea dedicada a atender una preocupación del público por la seguridad. Y a la larga estableció fuerzas especiales que se enfocaban en el contrabando de inmigrantes y los negocios que contrataban a éstos.

Sus partidarios han dicho que Arpaio era el único jefe policial local que hacía algo en torno a la inmigración no autorizada frente al inadecuado control ejercido por las autoridades federales.

Por su parte, sus críticos dicen que hostigaba a los inmigrantes indefensos porque ello era popular entre los electores, y que se enfocaba en los que sólo venían en busca de un mejor futuro, al tiempo que daba muy poco escrutinio a los contrabandistas y a los empleadores que contrataban a los inmigrantes no autorizados.

Los esfuerzos de Arpaio en este sentido alcanzaron su mayor auge alrededor de 2010, cuando lanzó las "barridas". Durante esos operativos, los agentes inundaban parte de una ciudad --en algunos casos, áreas de abundante población hispana-- durante varios días para detener a personas que violaban normas de tránsito y otras leyes.

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Interactivo AP:

http://hosted.ap.org/interactives/2013/reforma-migratoria/