Tucson limita revisión de condición migratoria

La policía de Tucson ya no ejecutará de lleno la emblemática ley de inmigración del estado que exige que los agentes verifiquen la condición migratoria de las personas con que se encuentran al momento en que hacen cumplir otras leyes.

El jefe de policía Roberto Villaseñor indicó que sus policías ahora sólo revisarán el estado migratorio y llamarán a la Patrulla Fronteriza cuando una persona cuente con condenas previas por delitos graves, represente una amenaza a la seguridad nacional o esté afiliada a pandillas.

El criterio fue planteado por las autoridades migratorias federales en una orden del poder ejecutivo emitida el mes pasado por el presidente Barack Obama con la intención de dar prioridad a la deportación de delincuentes.

La ley de Arizona, SB 1070, exige que los agentes de policía, cuando ejecuten otras leyes, pregunten el estatus migratorio de personas que sospechen se encuentren en el país sin autorización legal.

El Departamento de Policía de Tucson parece ser la primera agencia importante del orden público en anunciar una limitación de la ejecución de la ley.

El vocero de la policía de Phoenix, el sargento Jonathan Howard, dijo que no cree que su departamento cambie su política respecto a la aplicación de la ley SB 1070.

Villaseñor mencionó una cláusula en la ley que señala que la policía sólo debería ejercerla cuando le resulte práctica. Agregó que ya no resulta práctica porque las autoridades migratorias no responden a los llamados de la policía en la mayoría de los casos.

Los agentes de Tucson han realizado cerca de 11.000 llamados a la Patrulla Fronteriza desde julio respecto a tales asuntos y sólo obtuvo respuesta en 94 casos, dijo el jefe de policía.

"Así que realmente es un esfuerzo inútil", comentó.

Villaseñor se ha opuesta abiertamente a la ley pero ha dicho que está obligado a cumplirla.