Informe sobre la CIA revive debate jurídico

Cuando la CIA solicitó autorización para usar métodos duros de interrogatorio a un sospechoso de al-Qaida, la respuesta de los abogados del gobierno de Bush fue alentadora, incluso clínica.

En uno de varios memorandos que formarían las bases jurídicas para autorizar las brutales técnicas de interrogatorio, se indicó a la CIA que Abu Zubaydah podía ser colocado en una caja con un insecto, se le podía mantener despierto durante varios días y se le podía dar de bofetones. También lo podían someter a la técnica llamada waterboarding porque no causa la prolongada angustia mental necesaria para cumplir la norma jurídica de tortura, dice el memorando del Departamento de Justicia del 2002.

La publicación la semana pasada de un informe del Senado que cataloga años de tales técnicas de interrogatorio ha revivido el debate sobre opiniones jurídicas desde entonces desacreditadas y retiradas, y sobre la decisión de no enjuiciar a los arquitectos del programa a o los oficiales que lo implementaron. Grupos de derechos viles en Estados Unidos y otros países han renovado exhortaciones a enjuiciar a los que aplicaron técnicas que el presidente Barack Obama ha calificado de tortura.

"¿Cómo podemos usar con seriedad del estado de derecho si delitos de esta magnitud no se investigan ni se enjuician?" dijo Jameel Jaffer, subdirector de asuntos jurídicos de la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU).

El Departamento de Justicia, que dedicó años a estudiar el asunto, dice que no tiene pruebas suficientes para conseguir una codena y no encontró información nueva en el informe. Tampoco está nada claro si pudiera haber un casi internacional.

Funcionarios del Departamento dijeron que no volverán a estudiar su decisión del 2012 de cerrar la investigación, citando entre otros retos el tiempo transcurrido y dificultad de probar más allá de una duda razonable que se cometieron delitos, especialmente a la luz de los memorandos del gobierno, que dieron a los interrogadores un amplio margen de maniobra.

"Nuestra investigación se limitó a una determinación de si se cometieron delitos enjuiciables. Es importante decir que nuestra pesquisa no tuvo por meta responder a las interrogantes más amplias sobre la legalidad de las conductas investigadas", indicó el Departamento de Justicia en una declaración después de publicarse el informe del Senado.

Esa conclusión siguió a una investigación penal dirigida por el fiscal especial John Durham que comenzó en 2009 de otra pesquisa sobre la destrucción de cintas de video de las técnicas de interrogatorio de la CIA. La investigación penal comenzó después de la publicación de un informe del inspector general de la CIA que indicó que los interrogadores de la agencia amenazaron con matar a los hijos de un sospechoso en los atentados del 11 de septiembre y sugirió que otros sospechoso de terrorismo seria obligado a observar mientras su madre era objeto de una agresión sexual.

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La reportera de la AP Lara Jakes contribuyó a este despacho.