Informe revela abusos durante dictadura en Brasil

La Comisión Nacional de la Verdad divulgó el miércoles un informe condenatorio sobre las matanzas, desapariciones y torturas cometidas durante la dictadura militar de 1964-1985, y exhortó a procesar a los responsables.

El reporte de 2.000 páginas fue entregado a la presidenta Dilma Rousseff, quien en los años 70 era guerrillera marxista y fue capturada, torturada y encarcelada.

"Bajo la dictadura militar, la represión y la eliminación de los opositores políticos se convirtió en política de estado, concebida e implementada en base a decisiones tomadas por el presidente de la república y ministros militares", dice el documento.

La comisión "por lo tanto rechaza enfáticamente las explicaciones ofrecidas hasta hoy de que las violaciones a los derechos humanos no fueron más que unos pocos hechos aislados o excesos de unos cuantos soldados".

Los investigadores pasaron casi tres años revisando archivos, registros de hospitales y morgues e interrogando a las víctimas, sus familias y los supuestos culpables. El documento representa la revisión más completa en Brasil para arrojar luz sobre los abusos a los derechos humanos cometidos durante el régimen militar.

La comisión de siete miembros, creada por el Congreso y juramentada ante Rousseff en 2011, no tiene poderes procesales, y una ley de amnistía de 1979 aprobada por el régimen militar impide que los responsables sean juzgados y castigados. El informe reclama la anulación de la amnistía.

El documento detalla exhaustivamente la "práctica sistemática" de los militares de cometer detenciones arbitrarias y torturas, ejecuciones, desapariciones forzadas y el ocultamiento de cadáveres. Documenta 191 matanzas y 210 desapariciones atribuidas a las autoridades militares, como también 33 casos de desaparecidos cuyos cadáveres fueron hallados.

"Estas cifras por cierto no corresponden al total de muertes y desapariciones sino solo de casos que fue posible comprobar", dice el informe, y cita "los obstáculos encontrados durante la investigación, especialmente la falta de acceso a la documentación de las fuerzas armadas, que según se dijo oficialmente ha sido destruida".

Rousseff, notoria por su fortaleza de ánimo, perdió la compostura durante su discurso de presentación del informe en la capital Brasilia. El público le tributó una ovación de pie cuando hizo una pausa.

"Brasil merece la verdad. Las nuevas generaciones merecen la verdad. Y, sobre todo, quienes merecen la verdad son aquellos que perdieron a miembros de sus familias, amistades, compañeros y siguen sufriendo, como si volvieran a morir cada día de sus vidas", afirmó la presidenta, a veces cortándose a mitad de una frase luchando por contener las lágrimas. "Nosotros, que creemos en la verdad, esperamos que este informe contribuya a ese objetivo para que los fantasmas de un pasado triste y doloroso no puedan seguir refugiándose en el silencio".

Rosa Cardosa, abogada penal de Río de Janeiro y miembro de la comisión, dijo que documentar la represión del régimen militar a estudiantes, dirigentes sindicales, trabajadores de fábricas, tribus indígenas y otros calificados de subversivos es crucial para restañar las heridas en la sociedad brasileña.

"Creo que el informe nos ayuda a avanzar, a seguir adelante, a contribuir a que la sociedad comprenda este problema y le arroje luz", comentó Cardosa, quien durante el régimen militar brindó representación legal a prisioneros políticos, entre ellos a Rousseff.

El documento "da voz a las víctimas, a los sobrevivientes y las familias que fueron capaces de contar la historia de aquellas atrocidades", afirmó.

Los países vecinos de Brasil --Argentina, Chile y Uruguay-- han investigado crímenes cometidos por los regímenes militares en la misma época, y han condenado y aplicado sentencias severas a altos funcionarios y militares.

Muchos observadores dudan de la voluntad política del gobierno para hacer otro tanto.

"No puede haber amnistía para los torturadores, y a fin de que estos sean responsabilizados por sus crímenes, la ley de amnistía debe ser modificada o anulada totalmente", opinó Elizabeth Silveira e Silva, que dirige el grupo Tortura Nunca Más.

Rousseff ha mantenido una presencia discreta en lo que respecta a las cuestiones vinculadas con la dictadura. Rara vez habla sobre los abusos que padeció durante su detención, cuando era atada y colgada cabeza abajo, golpeada en la cara y sacudida por golpes de corriente eléctrica.

Sus adversarios políticos han calificado a Rousseff de "terrorista" inclinada a orientar a Brasil hacia la extrema izquierda política.

Su pasado, sumado a un escándalo masivo de corrupción atribuido a su Partido de los Trabajadores, que involucró a la compañía petrolera estatal Petrobras, ha llevado a muchos a conjeturar que es improbable que promueva cambio alguno a la ley de amnistía.