Policía con orden de matar en Embajada de España

Una testigo del asalto a la Embajada de España en Guatemala en 1980 declaró durante el juicio contra el jefe policial que dirigió el operativo que los agentes tenían orden de matar a todos los presentes en el recinto diplomático, incluido el embajador.

El testimonio de la exvoluntaria de la Cruz Roja de Guatemala María Odette Arzú Castillo, leído el martes por el secretario judicial, recoge que cuando el embajador español Máximo Cajal salía de la sede diplomática en llamas, escuchó en la radio de los policías: "mátenlo que no quieren a nadie vivo".

La declaración se suma a las pruebas presentadas contra el exjefe policial Pedro García Arredondo al que se le acusa de haber dado la orden de que las fuerzas de seguridad incendiaran la embajada española el 31 de enero de 1980, un ataque en el que murieron 37 personas, incluyendo al padre de la premio Nobel de la Paz, Rigoberta Menchú, ocho miembros del cuerpo diplomático español y dos funcionarios del gobierno de Guatemala.

Arzú, que ingresó a la Embajada antes de que el edificio quedara carbonizado, dijo que "unos del ejército me bajaron a puñetazos, volví a subir y me volvieron a bajar". Posteriormente entró ya cuando todos los cuerpos estaban quemados dijo haber reconocido el cadáver del ex vicepresidente del país Eduardo Cáceres Lehnoff, quien "estaba en la esquina en un taburete sentado".

Tras la ocupación del edificio la policía cerró las puertas y no permitió salir ni entrar a nadie cuando se produjo el incendio.

El entonces embajador español Máximo Cajal y López y un campesino, Gregorio Yujá, fueron los únicos supervivientes de la quema del recinto.

Dos días después Yujá fue sacado de un hospital privado por la fuerza, asesinado y su cuerpo fue arrojado frente a la rectoría de la universidad estatal.

Cajal y López, falleció hace un par de años pero dejó su testimonio como prueba anticipada para el juicio.

El acusado García Arredondo negó su culpabilidad el primer día del juicio, que comenzó en octubre, y sus abogados han responsabilizado a los ocupantes de provocar el incendio con bombas molotov. García Arredondo ya purga una condena de 70 años de cárcel por la desaparición forzada ocurrida en 1980 de un estudiante universitario.

La quema de la Embajada de España sucedió cuando la policía decidió poner fin a la ocupación del recinto por parte de campesinos, obreros, estudiantes, catequistas e indígenas que buscaban denunciar las masacres que ocurrían en el marco de la guerra Guatemala (1960-1996) que, según un informe de Naciones Unidas, dejó al menos 245.000 muertos y desaparecidos.