El Salvador: condenan a cura español, queda libre

Un tribunal condenó el jueves a 30 meses de prisión al sacerdote español Antonio Rodríguez López-Tercero por los delitos de agrupación ilícita con cabecillas de las pandillas de El Salvador y por meter objetos prohibidos a las cárceles.

Pero como la pena es menor a tres años, el Juzgado Especializado ordenó su libertad inmediata y la cárcel será sustituida por un período probatorio de dos años.

Según la Fiscalía, el religioso, conocido como Padre Toño, pidió a las autoridades de los centros penales que bajaran la intensidad del bloqueo de las señales a teléfonos celulares en las cárceles, desde donde supuestamente se hacían extorsiones. Además gestionó el traslado de pandilleros de una cárcel de máxima seguridad a otro centro penitenciario.

También se le acusó de introducir celulares, televisores, reproductores de televisión, joyas y otros objetos prohibidos a las prisiones.

Según la sentencia, el sacerdote --que estará bajo un régimen de vigilancia-- tiene prohibido comunicarse de cualquier forma con los pandilleros e ingresar a cualquiera de los centros penales del país.

El juez también determinó que gozará de libertad migratoria y podrá salir del país sin ninguna restricción.

El sacerdote pasionista compareció ante el juez en una audiencia especial luego que el Fiscal General de la República, Luis Martínez, informara que tras una negociación se acordó reducir su condena a cambio de información de los actos denunciados.

Martínez aseguró que el padre decidió colaborar con la justicia. "Ha dado su confesión" de los delitos que se le imputaban, dijo.

Agregó que "ha colaborado y hemos hecho un acuerdo, ha reflexionado en los errores que cometió y nosotros estamos dándole esa alternativa de arreglo".

Por parte de la Fiscalía, con la audiencia especial se declaró extinta la acción penal contra el sacerdote, cuyos simpatizantes se concentraron frente al tribunal, gritaron consignas y lanzaron cohetes al conocer la noticia.

Dentro de la audiencia, el sacerdote confesó haber cometidos los delitos imputados por la Fiscalía.

Sin dar mayores detalles de los objetos ilícitos que metió a las cárceles, la abogada defensora Berta De león, dijo a los periodistas que "fue en el centro penal de Cojutepeque en una oportunidad, y en el centro penal de Izalco en una segunda oportunidad. Prácticamente por eso es la condena y por el delito de tráfico de influencias que a criterio de la Fiscalía y del juez se cometió".

En breves declaraciones al salir del tribunal, el padre Toño dijo: "Me siento un hombre inocente que trabajé por la paz junto con mi Congregación Pasionista", y agradeció el apoyo de diferentes sectores.

"Yo no soy el gran problema de la seguridad en el país, hay grandes problemas", agregó el sacerdote, que también anunció que descansará dos años.

"No perdamos el tiempo como dicen los salvadoreños en babosadas (cosas sin importancia) y empecemos a usar el músculo de la cabeza para el bien común, para la salvación de este país y la paz", manifestó.

El padre Toño ha mantenido una actitud crítica contra las políticas de seguridad de los gobiernos de El Salvador y de la misma Fiscalía.

El cura es párroco de la iglesia San Francisco de Asís, que se encuentra en Mejicanos, un populoso municipio ubicado en la periferia norte de la capital El Salvador, donde desde hace más de 10 años desarrolla trabajos de reinserción de pandillas. También realiza un trabajo pastoral en las cárceles del país.

El religioso se incorporó al proceso de pacificación impulsado por el exministro de Justicia y Seguridad Pública, Ricardo Perdomo, y en su labor de intermediario visitaba constantemente las cárceles donde están los cabecillas de las pandillas, con quienes tenía comunicación directa.

Los abogados y sus compañeros de la Congregación Pasionista, han reiterado que el religioso ha colaborado en los procesos de pacificación que han encabezados los gobiernos salvadoreños, apoyados organizaciones civiles y por la misma Organización de Estados Americanos y era público que como colaborador de estos procesos, debió reunirse con los líderes pandilleros en las cárceles, con la anuencia de las autoridades.