Dominicana: procesarán policías por muerte alemán

Tres oficiales de la policía dominicana serán procesados judicialmente por la muerte de un alemán y por provocar heridas a un haitiano durante un allanamiento irregular a un complejo residencial de inmigrantes europeos en una zona turística, informó el miércoles el ministerio público.

El procurador general Francisco Domínguez envió al jefe de la policía, Manuel Castro, las tres órdenes de arresto avaladas por un juez de instrucción en contra de los coroneles Raymundo de la Rosa y Roberto Santos Salcedo y del teniente Francisco Féliz.

Los tres agentes habían sido sancionados el mes pasado por las irregularidades cometidas en el allanamiento del 17 de octubre de 2012 en el que una veintena de policías ingresó al complejo de 20 lujosas casas veraniegas en Sosúa, 225 kilómetros al norte de la capital, donde viven varios alemanes miembros de la organización religiosa Academy for Future Health y sus familias, incluidos niños.

En el allanamiento murió el alemán Peter Demetrick en un supuesto enfrentamiento armado con los policías. Los agentes confiscaron varias armas de fuego y arrestaron al líder del grupo religioso, Peter Brunck, y a su hijo. La esposa de Demetrick, Isabella Dietrich, también fue detenida temporalmente por haber disparado contra la patrulla policial.

Alba Núñez, fiscal de Puerto Plata, donde se ubica Sosúa, detalló el miércoles que los tres oficiales serán procesados por la muerte a balazos de Demetrick y por provocar heridas graves al jardinero haitiano Rigaud Petit Frere.

La Procuraduría General explicó en un comunicado que los tres oficiales violaron varios artículos del Código Penal al ingresar "fuertemente armados" al complejo de residencias veraniegas.

Además de la muerte de Demetrick, el teniente Francisco Féliz, "por instrucciones del coronel Santos Salcedo, hirió de gravedad al jardinero de nacionalidad haitiana Rigaud Petit Frere, dejándolo desangrar por más de media hora", detalló la Procuraduría.

Núñez detalló que la fiscalía también mantiene bajo investigación a otra decena de policías y algunos miembros del ministerio púbico que participaron en el allanamiento, en el que presuntamente desaparecieron bienes valuados en 1,5 millón de dólares.

La Procuraduría y la policía habían informado en octubre de 2012 que la requisa fue en respuesta a denuncias de vecinos que señalaban la existencia de un polígono de tiro ilegal, armas de grueso calibre y supuestas actividades clandestinas por parte del grupo religioso.

Ulrich Muehl, secretario del grupo, negó esta semana a The Associated Press las supuestas actividades clandestinas y consideró que el allanamiento fue motivado por un conflicto de carácter inmobiliario con otros inmigrantes europeos.

La Procuraduría y la policía abrieron sendas investigaciones sobre el allanamiento luego de que el abogado de los alemanes, José Carlos González, denunció el mes pasado que los agentes sustrajeron de manera ilegal de las diferentes casas tres cajas fuertes con joyas y dinero en efectivo y otros bienes.

El procurador ha dicho que las autoridades no han hallado los bienes que los alemanes aseguran les fueron confiscados.

El periódico Listín Diario publicó recientemente que, según la investigación de la policía que aún no se ha difundido, uno de los agentes explicó en los interrogatorios cómo fueron confiscadas las cajas fuertes y cómo varios policías se distribuyeron los bienes. La policía y la Procuraduría se han abstenido de confirmar la veracidad del informe con el argumento de que la investigación aún no ha concluido.

La fiscal Núñez anunció el miércoles que a más tardar en dos semanas estará concluida la investigación.

Diversas organizaciones no gubernamentales, locales e internacionales, denuncian con frecuencia la supuesta participación de policías en actos de corrupción y violaciones a los derechos humanos cometidas por los agentes.

Según datos oficiales recopilados en una investigación de 2012 de Amnistía Internacional, cerca de 12.000 policías fueron destituidos entre 2007 y 2010 por corrupción, mientras 15,38% de los 13.899 homicidios registrados entre 2005 y 2010 correspondían a muertes ocasionadas por agentes policiales.