Ecuador: objetan firmas en pedido de referendo

Con tropiezos avanza el proceso de verificación de las firmas presentadas por un grupo ecologista que solicita una consulta popular para que los ecuatorianos decidan si autorizan o no al gobierno la explotación de petróleo en la zona amazónica de Yasuní.

El grupo peticionario denominado Yasunidos presentó hace dos semanas 756.000 firmas para exigir una consulta popular acerca de este tema. La ley dispone que se requieren 583.000 firmas, el 5% del padrón electoral, para pedir un referendo.

El Consejo Nacional Electoral tras comenzar la verificación de rúbricas informó que algunos formularios no cumplían los requisitos exigidos por el organismo y que había inconsistencias con los documentos de quienes las recolectaron.

Alexandra Almeida, vocera de Yasunidos dijo a la AP que "han eliminado firmas aduciendo problemas formales, por ejemplo que una parte de los formularios era 2 milímetros más grande que lo requerido, pero eso no significa que las firmas no son correctas o falsas. Estamos impugnando para avanzar hacia la consulta".

Para resolver las diferencias, el Consejo Electoral y los dirigentes de Yasunidos, acordaron que el proceso de verificación se realice con la presencia de observadores de los grupos ecologistas, que no habían tenido acceso.

El presidente Rafael Correa, que goza de una popularidad superior al 70%, según encuestas, afirma que la ciudadanía en un eventual referendo respaldaría ampliamente la propuesta del gobierno de explotar el crudo en el Yasuní.

Desde el inicio de su gestión, en el 2007 Correa había señalado su decisión de mantener unos 846 millones de barriles de crudo pesado en el subsuelo del Yasuní, una de las zonas más biodiversas del mundo, a cambio de aportes económicos de la comunidad internacional, lo que no tuvo respaldo.

Ante ello, en agosto del 2013 Correa afirmó la decisión de explotar petróleo del Yasuní, aunque aclaró que solo afectará el uno por mil del total de la selva del sector.

Los ecologistas rechazaron de inmediato la decisión del gobierno por considerar que la actividad petrolífera causará irreversibles daños ambientales en esa prístina zona y que además afectará a dos comunidades de indígenas en el interior de la selva.