Argentina: Corte Suprema apunta al gasto social

La Corte Suprema de Justicia ha puesto la mira sobre uno de los pilares del gobierno de Cristina Fernández como son los planes sociales de ayuda a millones de personas en situación de vulnerabilidad, pero que también han sido cuestionados por su utilización política.

El máximo tribunal ordenó el miércoles al Estado Nacional hacer pública la identidad de los beneficiarios, monto de los planes sociales, alcance territorial y los funcionarios de nivel nacional, provincial o local que intervienen en el proceso de entrega de las prestaciones. También de los intermediarios que otorgan los planes (municipios, organizaciones sociales, sindicatos, etc.).

El fallo responde a un pedido del Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento, CIPPEC, una ONG que brega por un Estado transparente. Esta organización había solicitado al ministerio de Desarrollo Social los padrones de beneficiarios de ayuda social durante 2006 y 2007, entendiendo que para realizar un exhaustivo control social sobre los programas de ayuda era vital acceder a la identidad de los receptores de los planes.

El ministerio se había negado a entregar la información pública solicitada con el pretexto de que pondría en evidencia la situación de "vulnerabilidad" social de los beneficiarios.

La Corte Suprema, en respuesta a una demanda iniciada por CIPPEC, consideró que este argumento "carece de sustento legal y las razones brindadas para fundar esa decisión aparecen como meras excusas para obstruir el acceso a la información", según el fallo difundido en el sitio de internet del Poder Judicial.

Agregó que "la publicación de la nómina de beneficiarios no modificará ni agravará la situación de vulnerabilidad que los hace merecedores de esa ayuda pero, en cambio, permitirá al conjunto de la comunidad verificar si la asistencia es prestada en forma efectiva y eficiente, si se producen interferencias en el proceso y si existen arbitrariedades en su asignación".

El pedido del Centro apuntaba a los beneficiarios del plan nacional de seguridad alimentaria, plan nacional familias, desarrollo local y economía social, implementados luego de asumir la presidencia Néstor Kirchner en 2003 en medio de una crisis económica sin precedentes, con más de 25 por ciento de desocupación y miles de personas en situación de pobreza.

Sin embargo, el fallo de la Corte Suprema sirve como antecedente para acceder a información pública sobre la Asignación Universal por Hijo y por embarazo, implementadas en 2009 por la presidenta Fernández y dirigida a 1,8 millones de familias sin empleo.

Este programa, que le demandará al Estado en 2014 una erogación de 17.520 millones de pesos (2.171 millones de dólares), ha sido considerado una de las medidas sociales de mayor impacto durante la década del kirchnerismo en el poder, pero que en los últimos tiempos generó cuestionamientos al igual que otras experiencias similares en América Latina.

Hay denuncias de que estos programas se han convertido en una herramienta de clientelismo político. Líderes opositores apuntaron que las asignaciones universales se usan para "el juego o el consumo de drogas", que fomentan la vagancia e incluso que las mujeres de bajos recursos se embarazan para cobrar ese dinero, pero no han presentado pruebas concretas.

A partir del fallo de la Corte, el Ministerio de Desarrollo Social deberá dar a conocer el modo en que ejecuta el presupuesto público asignado a estos programas.