Colombia: ONU alerta por asesinatos de activistas

La Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Colombia informó que el año pasado fueron asesinados 39 activistas en el país, frente a los 37 de 2012.

Todd Howland, representante en Colombia de la Alta Comisionada, dijo que entre los activistas asesinados el año pasado --36 hombres y tres mujeres-- hay desde reclamantes de tierras despojadas por grupos armados ilegales, hasta indígenas y líderes sociales, y que la mayor parte estaban radicados en zonas rurales del país donde se presenta la mayor parte de los actos de violencia.

El repunte en los asesinatos, dijo Howland, puede obedecer precisamente a que las grandes ciudades como Bogotá y Medellín son más seguras que las regiones rurales, y de allí que recomendó reforzar las medidas de protección a esos activistas. Pero además, destacó, el país aún vive el conflicto armado interno que ya dura 50 años y en lo que "unos días hay avances, unos días hay retrocesos" en el tema del respeto a los derechos humanos.

La Oficina, en su informe anual, también exhortó al gobierno para que, en el evento de que se selle un acuerdo de paz con la guerrilla de las FARC, realice las reformas del caso a fin de que se eviten los problemas de orden legal que se presentaron en el pasado con la desmovilización de las bandas paramilitares.

"De hecho, lo más probable es que casi todos los acusados (paramilitares) sean puestos en libertad al cabo de ocho años sin haber sido enjuiciados", dijo el informe de 21 páginas.

La Fiscalía colombiana ha dicho que en 2014 quedarán en libertad al menos 400 jefes paramilitares por haber cumplido ocho años en prisión, tal como lo estipuló la Ley 975 de 2005 o llamada Ley de Justicia y Paz.

Las autoridades calculan que entre 2003 y 2006 en Colombia se desmovilizaron unos 30.000 paramilitares, algunos de los cuales han vuelto a delinquir al ingresar a grupos de narcos y criminales comunes a los que la policía acusa de estar detrás de asesinatos, secuestros, extorsiones, entre otros crímenes.

Howland declinó comentar si la Oficina favorecía o no que se impusieran penas alternativas y reducidas, como las de ocho años que recibieron los paramilitares, en caso de la desmovilización de los guerrilleros.

El vicepresidente Angelino Garzón, encargado del tema de derechos humanos y a quien se presentó en la jornada el informe de las Naciones Unidas, dijo a reporteros que lo recibían "positivamente" y lo consideran como "una hoja de ruta".

"Hemos acordado fortalecer un diálogo bilateral... la Oficina siempre ha sido un socio altamente valorado", añadió el vicepresidente.

Simultáneamente las organizaciones no gubernamentales Paz y Reconciliación, y Forjando Futuros, dedicadas al estudio del conflicto armado y la policía en Colombia, indicaron en un informe divulgado en la jornada que la aplicación de la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, del 2011, tiene hasta ahora pobres resultados porque sólo se han restituido 20.694 hectáreas. "No sólo es lamentable que las solicitudes no se hayan presentado, que puede deberse a diversos factores como la falta de información, miedo, desconfianza en las autoridades o exceso de trámite, sino que sólo se han restituido por la vía jurídica 1,7% de las solicitudes hechas" y que ascienden a unas 54.063 peticiones, indicó el informe de 14 páginas llamado "Restitución de Tierras Gota a Gota" y que se basa en el análisis de las más de 300 sentencias emitidas por jueces agrarios hasta el 14 de marzo pasado.

"Es un verdadero desastre la implementación de la ley de víctimas y restitución de tierras; solo 20.694 hectáreas en 2 años y 69 reclamantes muertos" en ese lapso, dijo en su cuenta de Twitter León Valencia, director de la Fundación.

El representante de la ONU también dijo que en cuanto a la eventualidad de una firma de un acuerdo de paz con las guerrillas de las FARC, con las que el gobierno del presidente Juan Manuel Santos lleva en Cuba diálogos desde fines de 2012, "lo más importante es la no repetición" de actos de violación de derechos humanos y de allí que hay que sacar lecciones sobre la desmovilización de los escuadrones paramilitares.

A esos grupos es que se atribuye buena parte de una ola de violencia en Buenaventura, el principal puerto colombiano en la costa del Pacífico, y donde la Oficina constató al menos ocho casos de personas asesinadas y desmembradas en los últimos meses. En lo que va de este año se han registrado por lo menos 57 homicidios, de acuerdo con la policía.

La Defensoría del Pueblo ya ha advertido en un informe a inicios de año de la grave situación de orden público en Buenaventura, donde se registraron en total 187 asesinados en 2013, comparados con los 150 de 2012 y los 135 de 2011.

Según la Fiscalía además los paramilitares desmovilizados han entregado unos 6.300 millones de pesos (unos 3,1 millones de dólares), monto calificado por algunos activistas de derechos humanos como sólo una pequeña parte de sus dineros mal habidos.

La Ley de Justicia y Paz "si bien parece haber favorecido el conocimiento de la verdad (de algunos crímenes), no se ha convertido en un instrumento importante de justicia penal", dijo la Oficina en su informe.

El gobierno de Santos aún no ha dicho que fórmula legal buscaría en caso de un desarme y desmovilización de los miembros de las FARC, al menos 8.000.