Santos pide nulidad fallo que tumbó fuero militar

El presidente colombiano Juan Manuel Santos informó el miércoles que dio instrucciones para que se presente ante la Corte Constitucional un recurso que eventualmente consiga que ese tribunal anule una sentencia de la semana pasada que tumbó una reforma al fuero penal militar.

"He dado instrucciones para que, haciendo uso de los mecanismos creados por la misma Corte Constitucional, se presente una solicitud de nulidad de la sentencia C-740 de 2013", explicó el mandatario en una declaración a los periodistas en la Casa de Nariño, la sede de gobierno.

La solicitud del gobierno, sin embargo, no necesariamente tiene que ser acogida por la mayoría simple de los nueve jueces de la Corte Constitucional, explicó vía telefónica el ex magistrado Carlos Gaviria, quien en el pasado fue presidente del mencionado tribunal.

Gaviria agregó que si eventualmente la Corte encuentra que hay mérito para la nulidad, sus magistrados entrarían de nuevo a estudiar el acto legislativo del fuero penal militar.

El 23 de octubre pasado, la Corte Constitucional, la máxima instancia en Colombia en asuntos de la Carta Magna, falló que el Acto Legislativo 02 de 2012, conocido como reforma al fuero penal militar, había sido inconstitucional por vicios de procedimiento o de forma en el Congreso.

En concepto del gobernante, tales vicios de forma no se presentaron. Advirtió, no obstante, que cualquiera sea la decisión de la Corte respecto del recurso de nulidad su gobierno la acatará.

"Como demócrata he manifestado nuestro respeto y acatamiento a las decisiones judiciales, pero ello no significa que renunciemos a la posibilidad de controvertirlas siguiendo los procedimientos propios de nuestro Estado de derecho", agregó Santos.

Según dijo, tomó dicha determinación porque "soy consciente de la necesidad de dotar a nuestros soldados y policías de reglas claras y una adecuada seguridad jurídica, y lo hago además porque estoy convencido de la importancia que tiene el equilibrio de los poderes públicos".

El gobierno de Santos impulsó la reforma al fuero desde agosto de 2011 y cuando, según se supo después, ya sostenía contactos secretos en Cuba con la guerrilla de las Fuerza Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) para entablar diálogos de paz.

La propuesta de reforma al fuero, que creaba un tribunal de garantías para los militares, fue recibida entonces como una contraprestación del gobierno a cambio del apoyo castrense y de sectores políticos conservadores, como el del ex mandatario Alvaro Uribe (2002-2010), que han criticado a Santos por entablar a finales de 2012 las negociaciones con las FARC.

Sin esa reforma, Santos, que siempre insistió que los cambios en el fuero no significaban abrir la puerta a la impunidad para delitos cometidos por los militares, se quedaría sin un instrumento clave para blindar a los militares, ante quienes siempre ha insistido que los eventuales beneficios que reciban los rebeldes serían iguales para los uniformados.

Tras infinidad de debates y en medio de las críticas de organizaciones no gubernamentales, la reforma fue aprobada finalmente por el Congreso en diciembre del año pasado.

Sin embargo, en febrero cuatro congresistas --entre ellos Iván Cepeda, activista y miembro del izquierdista partido Polo Democrático Alternativo-- junto al abogado Gustavo Gallón demandaron la norma ante la Corte alegando "vicios de forma" en el trámite de la ley. Entre otros que los debates de la reforma se dieron simultáneos en una comisión legislativa y en la Cámara de Representantes, cuando tales debates paralelos están prohibidos por normas del Congreso porque impiden a los parlamentarios participar en ambos.

En uno de los artículos de la reforma se enumeraban siete delitos que nunca podrán ser juzgados por las cortes castrenses: lesa humanidad, genocidio, desaparición forzada, ejecución extrajudicial, violencia sexual, tortura y desplazamiento forzado. Militares en retiro y activistas de derechos humanos han criticado por igual ese aparte, aunque por diversas razones.

Los militares en retiro consideran una ofensa a las filas incluir en la Constitución tal enumeración de delitos, mientras para los grupos de derechos humanos el listado dejaba fuera otros crímenes --como homicidio de persona protegida y detenciones arbitrarias, por ejemplo_, por lo que en el futuro se corre el riesgo de que sean juzgados por las cortes castrenses, más lentas y de pocas condenas, y así queden en la impunidad.