Colombia: promueven fondo de defensa de militares

El gobierno colombiano presentó el martes en el Congreso un proyecto de ley que crea un fondo de financiamiento para la defensa judicial de uniformados, luego de que una alta corte anulara una reforma de la constitución sobre el fuero penal militar.

El proyecto fue presentado ante la secretaría general del Senado por el ministro de Defensa Juan Carlos Pinzón, el titular de Justicia Alfonso Gómez y la cúpula militar.

El fondo, cuya creación requiere cuatro debates y sus respectivas aprobaciones en la Cámara de Representantes y el Senado, financiará la defensa de los uniformados y dependerá directamente del despacho de Defensa y un comité directivo en el que estarán los comandantes del ejército, la aviación, la armada y la policía.

El fondo estará constituido por aportes del Estado y donaciones, aunque no se informó el total de recursos que manejará.

"Que quede claro: en ningún caso este fondo puede financiar actividades asociadas a hechos delictivos privados... para hablar en concreto: a actos de corrupción o actos que nada tengan que ver con las actividades propias" del servicio, dijo el ministro Pinzón a periodistas al presentar la iniciativa. El fondo financiará la defensa ante la justicia civil nacional e internacional o ante terceros Estados, según el texto del proyecto divulgado por el Senado.

Este fondo formaba parte de una reforma a la carta magna sobre el fuero penal militar que presentó el gobierno de Juan Manuel Santos y que fue aprobada en diciembre de 2012 en medio de intensos cuestionamientos de organizaciones de derechos humanos.

La reforma, entre otros aspectos, enumeraba siete delitos que nunca podrían ser juzgados por las cortes castrenses: lesa humanidad, genocidio, desaparición forzada, ejecución extrajudicial, violencia sexual, tortura y desplazamiento forzado.

Militares en retiro y activistas de derechos humanos criticaron por igual ese aparte pero por diversas razones: los militares consideraron una ofensa a las filas incluir en la constitución tal enumeración de delitos, mientras para los grupos de derechos humanos el listado dejaba fuera otros crímenes -como el homicidio de persona protegida y las detenciones arbitrarias- por lo que en el futuro se corría el riesgo de que éstos delitos fueran juzgados por las cortes castrenses, más lentas y de pocas condenas, y así quedaran en la impunidad.

Santos siempre alegó que el objetivo de la reforma era dar un blindaje jurídico a los uniformados, pero según algunos de sus críticos en realidad era el mecanismo del gobierno para obtener el respaldo de las fuerzas militares a los diálogos de paz que mantiene con la guerrilla de las FARC.

El 23 de octubre la Corte Constitucional colombiana falló en contra de la reforma por vicios de trámite en el Congreso.

Santos anunció que insistirá con la reforma.