EEUU reforma sistema para reconocer a indígenas

Hace tiempo su tribu gobernaba las vastas tierras que en la actualidad comprenden los estados de Nueva York y Connecticut, pero la reserva indígena otrora propiedad de Alan Russell hoy en día sólo está integrada por cuatro viviendas desmejoradas y un par de criaderos de serpientes.

Russell, jefe de la tribu Schaghticoke, cree que el destino pronto mejorará. El Departamento del Interior de Estados Unidos está reformando las reglas en torno al reconocimiento de tribus autóctonas norteamericanas, lo cual podría legitimar sus reclamos sobre las tierras circundantes y allanar el camino para que se les autorice a abrir un casino.

"Estamos luchando por las generaciones futuras", declaró Russell.

Las normas que están siendo estudiadas por el Departamento de Asuntos Indígenas, y que buscan agilizar el proceso de aprobación oficial, son consideradas por algunos activistas como demasiado flexibles.

Por ejemplo, dicen, una nueva norma estipulará que, para ser reconocida, una tribu sólo tiene que demostrar que ha tenido continuidad como ente político desde 1934 y no que tuvo contacto con los colonizadores europeos. En todo el país, las reformas están provocando pugnas entre las tribus y las comunidades vecinas, e incluso con otras tribus.

En Kent, un poblado en los montes Berkshire, los habitantes han estado llamando a la oficina del administrador municipal para expresar sus quejas. La tribu reclama varias tierras circundantes y muchos habitantes han participado en un litigio para evitar que otra facción se quede con el reconocimiento oficial.

Los miembros de la delegación legislativa del estado han estado también en contacto con el administrador municipal, Bruce Adams, quien expresó temores de litigios por tierras y por la posibilidad de que la tribu abra sus propios negocios dentro de los límites de la ciudad.

"Todos están de acuerdo en que tenemos que hacer lo posible para evitar que esto ocurra", comentó.

Las nuevas normas fueron propuestas en junio por el Departamento de Asuntos Indígenas, que solicitó asesoramiento del público en Oregon, California, Michigan, Maine y Louisiana. El gobierno tiene la intención de mejorar el proceso de reconocimiento de tribus, que es considerado demasiado lento e ineficiente.

El reconocimiento por parte del gobierno federal, que le ha sido conferido a 566 tribus norteamericanas, es algo sumamente deseado, ya que implica el otorgamiento de subsidios médicos y educativos, además de garantías de tierras y oportunidades de desarrollo comercial.

Desde hace años las tribus han estado pidiéndole al Congreso y al Departamento del Interior que reformen las normas.

"Me satisface que el departamento se propone arreglar un sistema que ha estado estropeado desde hace años, lo que ha dejado una secuela de abuso, despilfarro y frustraciones", escribió Cedric Cromwell, presidente de la tribu Mashpee Wampanoag en Massachusetts, que consiguió el reconocimiento oficial en el 2007.

Las nuevas normas desatarán roces con las comunidades vecinas y con tribus que ya son reconocidas, opinó Richard Monette, profesor de derecho y experto en asuntos de indígenas norteamericanos en la Universidad de Wisconsin. Por ejemplo, dice, las tribus a orillas del río Columbia en el estado de Washington estarán disgustadas si se le da reconocimiento a una nueva tribu en la desembocadura del río, que podría competir en la pesca del salmón. Otras tribus en otros lugares temen por sus negocios en los casinos.

La tribu Muckleshoot en el estado de Washington también es pescadora del salmón. Argumenta que las nuevas normas son demasiado flexibles y hacen que el reconocimiento oficial sea demasiado fácil.

La jefa de la tribu, Virginia Cross, le escribió una carta al Departamento del Interior en la que afirma que las nuevas normas, de ser aprobadas, llevarán a darles reconocimiento a descendientes de indígenas "que no tienen ni historial de autogobierno ni una identidad clara".

En Connecticut, el reconocimiento implica una ventaja para lanzarse en el lucrativo mercado de los casinos. Russell, de 67 años, dice que su tribu de 100 miembros desea tener su propio casino pero no en su propiedad, a los pies de las montañas de los Apalaches. Un asesor financiero de la tribu, Bill Buchanan, dice que ha hablado con posibles inversionistas y que si la tribu recibe el reconocimiento podría cooperar con otro ayuntamiento para fundar un casino al lado de alguna carretera.

Una facción rival de la tribu, la Nación Schaghticoke, espera que las nuevas normas le permitan lograr su anhelo de recibir reconocimiento oficial. La otra facción es más grande y contaba con el apoyo de Fred DeLuca, fundador de la cadena de restaurantes Subway, quien deseaba establecer un casino en Bridgeport. La tribu obtuvo el reconocimiento en el 2004, pero esa decisión fue revocada luego que las autoridades determinaron que no demostró inequívocamente su continuidad histórica.

Richard Blumenthal, senador por Connecticut, dice que la delegación legislativa del estado está unida contra los cambios, que según piensa, perjudicarán a varias ciudades y al estado entero.

Los partidarios de la reforma aseveran que agilizará el proceso y eliminará trabas innecesarias. Judith Shapiro, una abogada que ha ayudado a varias tribus a solicitar su estatus oficial, señala que muchas tribus se quedaron injustamente sin reconocimiento oficial porque a lo largo de cientos de años sus documentos se han perdido o se han quemado, y que cualquier tribu que haya estado todavía entera en 1934 lo habría logrado sólo tras superar penurias, maltratos y presiones para asimilarse a la población en general.

La reserva de los Schaghticoke data del siglo XVIII, pero hoy en día comprende una décima parte de su tamaño original. Incluso en épocas recientes, expresó Russell, cuando moría un miembro de la tribu, las autoridades ordenaban quemar su casa para que nadie la pudiera usar.

Sin embargo, cuando la casa de Russell se incendió en 1998, los mismos pobladores le ayudaron a reconstruirla. Russell, quien de niño cazaba y pescaba, aseguró que si la tribu logra el estatus oficial, negociaría con los ayuntamientos locales sobre la propiedad de las tierras.

"Eso es lo que yo quiero que entiendan: nosotros no somos el enemigo", expresó.