Colombia: Corte falla contra reforma fuero militar

Un alto tribunal colombiano falló el miércoles en contra de una polémica reforma a la carta magna sobre el fuero penal militar, en un fuerte revés para el gobierno del presidente Juan Manuel Santos. Activistas de los derechos humanos habían criticado la reforma por considerar que podría dejar impunes delitos cometidos por uniformados.

Los nueve magistrados que integran la Corte Constitucional votaron cinco a favor y cuatro en contra. Desde 1991, la Carta Magna menciona el fuero penal militar, lo que implica que faltas y delitos cometidos en servicio y en relación con esa función por uniformados sean juzgados por cortes castrenses.

"La Corte declaró inexequible (que no se puede hacer) la reforma constitucional al fuero penal militar...por vicios de trámite" en el Congreso, dijo el magistrado Jorge Iván Palacio, presidente de la Corte, al leer un comunicado ante reporteros.

Con el fallo de la Corte, cuyas decisiones son inapelables, toda la reforma deberá volver a ser presentada y debatida en el Congreso en caso de que el gobierno desee insistir en la reforma, explicó en diálogo telefónico el abogado Gustavo Gallón, de la Comisión Colombiana de Juristas --no gubernamental-- y que demandó junto a congresistas la reforma ante la Corte.

Los argumentos de los demandantes, que el trámite legislativo de la reforma tuvo "vicios" o incumplió normas parlamentarias, fueron aceptados por la Corte y de allí su decisión.

"Frente a este decisión no puede dejar de decirle la verdad al país: este es un golpe a la moral de las fuerzas militares y sin duda tiene efectos en la seguridad de los colombianos", dijo en el ministro de Defensa, Juan Carlos Pinzón, al leer un comunicado en su despacho. Pero conociendo su compromiso las fuerzas armadas "con certeza ellas seguirán con todo el corazón y con toda la fortaleza actuando en defensa del pueblo colombiano", añadió el ministro en su declaración divulgada en un correo electrónico.

El gobierno de Santos impulsó la reforma al fuero desde agosto del 2011 y cuando, según se supo después, ya llevaba contactos secretos con las guerrillas de las FARC para entablar diálogos de paz.

La propuesta de reforma al fuero, que creaba un tribunal de garantías para los militares, fue recibida entonces como una contraprestación del gobierno a cambio del apoyo castrense y de sectores políticos conservadores, como el del ex mandatario Alvaro Uribe (2002-2010), que han criticado a Santos por entablar a finales de 2012 las negociaciones con las rebeldes Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).

Sin esa reforma, Santos --que siempre insistió que los cambios en el fuero no significaban abrir la puerta a la impunidad para delitos cometidos por los militares-- se quedó sin un instrumento para blindar a los militares, ante quienes siempre ha insistido que los eventuales beneficios que reciban los rebeldes, serían iguales para los uniformados.

Tras infinidad de debates y en medio de las críticas de ONG*s, la reforma fue aprobada finalmente por el Congreso en diciembre del año pasado.

Sin embargo, en febrero último, cuatro congresistas --entre ellos Iván Cepeda, activista y miembro del izquierdista partido Polo Democrático Alternativo-- junto a Gallón demandaron la norma ante la Corte alegando "vicios de forma" en el trámite de la ley como que los debates de la reforma se dieron simultáneos en una comisión legislativa y a la vez en la Cámara de Representantes, cuando tales debates paralelos están prohibidos por normas del Congreso porque impiden a los parlamentarios participar en ambos.

"Es una decisión trascendental porque preserva los derechos humanos... (porque) como estaba concebido, la ampliación del fuero daba unas gabelas y unas posibilidades de que la fuerza pública actuará sin contemplación", dijo Cepeda en diálogo telefónico tras conocerse el fallo de la Corte.

En uno de los artículos de la reforma se enumeraban siete delitos que nunca podrán ser juzgados por las cortes castrenses: lesa humanidad, genocidio, desaparición forzada, ejecución extrajudicial, violencia sexual, tortura y desplazamiento forzado. Militares en retiro y activistas de derechos humanos han criticado por igual ese aparte, aunque por diversas razones.

Los militares en retiro consideran una ofensa a las filas incluir en la Constitución tal enumeración de delitos, mientras para los grupos de derechos humanos el listado dejaba fuera otros crímenes --como homicidio de persona protegida y detenciones arbitrarias, por ejemplo_, por lo que en el futuro se corre el riesgo de que sean juzgados por las cortes castrenses, más lentas y de pocas condenas y así queden en la impunidad.