Efectúan juicio por talidomida en España

Víctimas españolas nacidas con graves malformaciones porque sus madres tomaron el fármaco talidomida exigieron a la filial del laboratorio alemán Gruenenthal una indemnización multimillonaria, que la compañía rechazó pagar en el juicio celebrado el lunes en Madrid.

La talidomida era un sedante recetado entre los años de 1950 y 1960 para combatir las náuseas que padecen las mujeres en los primeros meses de embarazo. Como resultado, muchos niños nacieron con piernas y manos más cortas e incluso sin extremidades ni caderas en los casos más graves.

La sentencia de un proceso legal que arrancó en 2010 se espera para dentro de un mes.

Una de las particularidades de España, a diferencia de otros países, es que la compañía distribuidora del fármaco era propiedad del laboratorio alemán y no una empresa independiente. Y es a la filial española a la que se exige el pago de 204 millones de euros (277 millones de dólares) en concepto de indemnización para casi 200 afectados.

La cantidad se calculó multiplicando por 20.000 euros (26.335 dólares) el punto porcentual de minusvalía reconocido a cada uno de los demandantes.

Ignacio Martínez, abogado de la asociación de víctimas, dijo durante la vista que la talidomida se siguió vendiendo en España hasta seis meses después de haber sido retirada oficialmente a finales de 1961.

Durante su exposición, Martínez explicó que la etiqueta al público no alertaba de efectos secundarios y que después de sacarlo del mercado no se hizo una campaña adecuada para explicar a médicos y población en general las consecuencias que la talidomida podía tener en el feto.

De hecho, la asociación mantiene que en España nacieron niños con las malformaciones propias de ese principio activo en años muy posteriores a esa fecha, por lo menos hasta 1965.

Por su parte, Guillermo Castillo, director general de Gruenenthal Pharma en España y Portugal, declaró que la talidomida se retiró del mercado español en diciembre de 1961, al igual que el resto de países europeos.

Castillo afirmó que se hizo el mejor trabajo posible en aquella época para informar a la población de los riesgos del fármaco. Admitió que éste sí se recetó a embarazadas, pero matizó que en aquella época había "poca concienciación".

Entre otros argumentos, el laboratorio rechazó el pago de la indemnización al considerar prescrita su responsabilidad. La asociación considera inadmisible la prescripción, porque las víctimas siguen padeciendo las consecuencias.

En 2011, Gruenenthal ofreció el pago de 120.000 euros (185.050 dólares) para el conjunto de los 200 demandantes españoles, pero el dinero fue rechazado por insuficiente y se decidió continuar por la vía judicial. Gruenenthal en Alemania pidió oficialmente perdón a todas las víctimas del fármaco el año pasado.

"Confiamos en que la justicia establezca indemnizaciones", dijo Martínez al finalizar el juicio. "Creemos que las pruebas son absolutamente contundentes".

Un grupo de unas 30 víctimas, muchas de ellas en silla de ruedas, siguió el juicio en directo. La mayoría reclama que se reconozcan sus derechos, tal y como ha ocurrido en países como Gran Bretaña o Australia.

"La mejor prueba que tienen es que estamos vivos, porque muchos han muerto ya", dijo Matilde Román, de 52 años, quien nació con una malformación severa en el brazo derecho. "Mi madre tomó talidomida, pero era analfabeta y nadie le supo explicar los daños de este medicamento".

"Nunca supimos de sus consecuencias hasta muchos años después", añadió.