La presidenta argentina Cristina Fernández, imputada en la causa por la denuncia de Nisman

La presidenta argentina Cristina Fernández, imputada en la causa por la denuncia de Nisman

  • El fiscal Pollicita solicitó su imputación por la denuncia presentada por el fallecido Alberto Nisman por presunto encubrimiento de supuestos terroristas iraníes.
  • El fiscal se basa en las acusaciones realizadas por Nisman en la demanda presentada cuatro días de su muerte.
  • "La imputación no tiene ningún valor ni importancia en términos judiciales", aseguró el secretario de la Presidencia.

El fiscal Gerardo Pollicita solicitó este viernes a la Justicia que se impute a la presidenta de Argentina, Cristina Fernández, en la causa que investiga la denuncia presentada por el fallecido Alberto Nisman, por presunto encubrimiento de supuestos terroristas iraníes, informaron fuentes jurídicas a medios locales.

Pollicita solicita también al juez encargado de la causa, que se impute al canciller argentino, Héctor Timerman y a varios dirigentes oficialistas Pollicita solicita también al juez Daniel Rafecas, encargado de la causa, que se impute al canciller argentino, Héctor Timerman y a varios dirigentes oficialistas.

El fiscal se basa en las acusaciones realizadas por su fallecido colega Nisman en la demanda presentada cuatro días de su muerte, ocurrida el pasado 18 de enero por un tiro en la sien, en circunstancias aún no aclaradas.

En su demanda, Nisman, fiscal especial de la causa sobre el atentado contra la mutua judía AMIA, que dejó 85 muertos en 1994, acusa a la presidenta, al canciller y a varios dirigentes vinculados al oficialismo de orquestar un plan para encubrir a los sospechosos iraníes del atentado a cambio de intensificar las relaciones comerciales. Fue el mayor ataque terrorista perpetrado hasta ahora en suelo argentino.

Pollicita acusa a la presidenta y sus colaboradores de "encubrimiento por favorecimiento personal agravado por la especial gravedad del hecho precedente", en referencia al atentado, y "por la calidad de funcionarios públicos", según documento difundida en la página web de la Fiscalía argentina.

Diluir la acusación a cambio de un canje de grano argentino por crudo

Además de la acusación de encubrimiento, Pollicita también considera que las acciones del Gobierno "podrían tener encuadre típico bajo las figuras de impedimento o estorbo del acto funcional e incumplimiento de los deberes de funcionario público".

Según la prensa argentina, Pillicita se ha basado en la denuncia de 300 páginas presentada por Nisman cuatro días antes de que fuera hallado muerto en su apartamento de Buenos Aires en un aparente suicidio que poco a poco han ido desmontando las pruebas periciales.

La decisión deliberada de encubrir a los imputados de origen iraní (...) fue tomada por Cristina Fernández, reza la demanda del fiscal fallecido Nisman denunció "la existencia de un plan delictivo destinado a dotar de impunidad a los imputados de nacionalidad iraní acusados en dicha causa (AMIA), para que se sustraigan de la acción de la justicia argentina".

"La decisión deliberada de encubrir a los imputados de origen iraní (...) fue tomada por la cabeza del Poder Ejecutivo, Cristina Fernández de Kirchner, e instrumentada principalmente por el ministro de Exteriores, Héctor Timerman", sostuvo.

De acuerdo con Nisman, el Gobierno de Fernández de Kirchner habría negociado con la República Islámica un acuerdo por el cual se comprometía a diluir la acusación contra los sospechosos iraníes a cambio un canje de petróleo persa por granos argentinos.

El supuesto plan de la Casa Rosada era acusar a células terroristas locales del atentado contra la AMIA para desviar las sospechas del ex ministro de Inteligencia Ali Fallahijan, el ex ministro de Defensa Ahmad Vahidi, el ex jefe de la Guardia Revolucionaria Mohsen Rezai, el ex agregado cultural de la Embajada Mohsen Rabbani y el ex tercer secretario de la Embajada Ahmad Reza Asghari.

"Ningún valor judicial"

La imputación no tiene ningún valor ni importancia en términos judiciales Ante los incesantes rumores que apuntaban a una inminente imputación de Fernández de Kirchner, el Gobierno ya se ha encargado estos días de restar importancia a esta acusación formal.

"La imputación no tiene ningún valor ni importancia en términos judiciales", aseguró el secretario de la Presidencia, Aníbal Fernández, adelantando que se quedaría en un "estrépito" como "maniobra de desestabilización democrática".

"No existe prueba alguna, ni siquiera de carácter indiciario, que demuestre la existencia de conductas atribuibles a la presidenta o a funcionarios del Gobierno que puedan encuadrarse en ilícitos penales", dijo, por su parte, la secretaria del Tesoro Angelina Abbona.

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