Un juez determina que los 'dreamers' pueden obtener licencias para conducir en Arizona

Estudiantes indocumentados
Luis Benítez es uno de los primeros estudiantes sin papeles que ha obtenido la licencia de conducir gracias a la Acción Diferida de Obama. (RUBÉN MORENO)
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  • El juez de distrito David Campbell emitió un interdicto que prohíbe al estado aplicar una política de negación de licencias de Jan Brewer.
  • La gobernadora de Arizona acatará el falo pero prometió pelear el caso.
  • Solicitará a la Corte Suprema que revise su apelación a la decisión.

Un juez allanó el camino para que miles de inmigrantes jóvenes que viven en Arizona y están protegidos de deportación gracias a una política del gobierno federal puedan obtener una licencia de conducir.

Un interdicto preliminar emitido el jueves por el juez de distrito David Campbell prohíbe al estado aplicar una política de la gobernadora Jan Brewer que niega licencias de conducir a unos 20.000 inmigrantes.

Este ha sido un terrible daño para ellos El interdicto entra en vigor el lunes y es una formalidad que consuma las instrucciones emitidas en julio por la Corte Federal de Apelaciones del 9no Circuito.

Nora Preciado, una de las abogadas que presentó la apelación a la política estatal, dijo que la orden elimina el cambio de normas que dificultó o impidió que jóvenes inmigrantes hicieran cosas esenciales como ir a la escuela o comprar en tiendas, o encontrar y retener un empleo.

"Este ha sido un terrible daño para ellos y realmente ha afectado su capacidad de contribuir a Arizona y sus comunidades", señaló Preciado.

Brewer criticó la orden diciendo que la emisión de licencias es un asunto estatal, no del "gobierno federal o de un juez no electo".

"Es indignante que Arizona sea obligado a desobedecer la ley estatal y cumplir con un fallido mandato federal que requiere que el estado, al menos temporalmente, emita licencias de manejo a individuos cuya presencia viola la ley federal, como lo estableció el Congreso estadounidense", señaló la gobernadora en un comunicado.

No obstante, la oficina de la gobernadora confirmó que acatará el fallo aunque Brower prometió seguir peleando el caso. La gobernadora pedirá a la Corte Suprema que revise su apelación a la decisión del tribunal del 9no Circuito.

La medida adoptada por Arizona para negar las licencias fue una reacción a las acciones del presidente Barack Obama decretadas en 2012 para proteger a miles de inmigrantes de la deportación.

Desafío a  Obama

La medida de Brewer representaba el desafío más visible a la política de Obama en el país.

Nebraska es el único otro estado que ha emitido negativas similares, y este año un juez federal desestimó una demanda refutando esa política estatal.

La política federal anunciada en 2012 apoya a inmigrantes menores de 30 años que llegaron al país antes de cumplir 16 y que hayan estado aquí al menos cinco años seguidos. También deben estar inscritos o haberse graduado de la universidad; o haber servido en el ejército. Además de las licencias, la política permite solicitar permisos de trabajo renovables cada dos años.

Buscaban evitar riesgos

Brewer emitió una orden ejecutiva en agosto de 2012 para que las agencias del estado negaran licencias de conducir y otras prestaciones sociales a los inmigrantes que se vieran beneficiados por el aplazamiento de la deportación.

El abogado de la gobernadora argumentó que la decisión surgió por razones de responsabilidad y el deseo de reducir el riesgo de que las licencias sean utilizadas para tener acceso inapropiado a prestaciones públicas.

Arizona, contra la orden ejecutiva de Obama En julio, la Corte Federal de Apelaciones del 9no Circuito concluyó que no existía un interés legítimo del estado en tratar a los inmigrantes de manera diferente a otros que no eran ciudadanos y que sí pueden solicitar el permiso de manejo. Y de hecho, el tribunal insinuó que la orden de Brewer buscaba manifestar hostilidad hacia los inmigrantes en parte porque se beneficiaban de la política federal.

El mes pasado, Obama emitió una amplia orden ejecutiva que elimina la amenaza de deportación a millones de inmigrantes que viven sin permiso legal en Estados Unidos.

Un grupo de 24 estados que incluye a Arizona se unió en una demanda federal donde acusan al presidente de extralimitar sus facultades constitucionales en una forma que sólo empeorará los problemas humanitarios en la frontera sur.

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